El pasado 21 de abril, 131 de 137 asambleístas aprobaron las reformas a la Ley de la Contraloría, sin embargo, el proyecto fue observado en su totalidad por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, expresó su malestar, asegurando que la Ley fue bien trabajada desde esa mesa legislativa.

Créditos: Twitter / Alejandro Jaramillo

En Notimundo al Día, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que llama la atención que el Presidente de la República, «de manera suelta», haya vetado de forma total un proyecto de Ley que realizó modificaciones y ajustes a los artículos correspondientes al cese de funciones y la subrogación.

El proyecto contemplaba que en situaciones como la actual, donde el Contralor y su subrogante están procesados por corrupción, pueda asumir el cargo el siguiente en la lista de mejores puntuados en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Jaramillo recordó que la iniciativa fue aprobada en el pleno de la legislatura, con 131 votos a favor, incluidos los del movimiento oficialista, e incluso la propuesta nació del ahora ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

El asambleísta consideró al veto presidencial como un bloqueo directo de parte del Primer Mandatario, «que se ha dedicado a lanzar lodo con ventilador y hacer acusaciones a varios asambleístas, culpando a la Asamblea de todo lo que pasa en el país». Asimismo, recordó que el contralor subrogante Pablo Celi remitía comunicaciones y continuaba en funciones, aun estando en prisión, por lo que la propuesta de las reformas pretendía cambiar esta realidad. «Ahora tenemos que esperar un año para revisar nuevamente este proyecto de ley», acotó.

«La época de campaña ya pasó, es hora de que el Presidente se ponga a trabajar y rendir cuentas», añadió Jaramillo. Criticó que, durante su informe a la nación, Lasso se haya referido a los posibles acuerdos que podría llegar con la Asamblea para poder gobernar, «pero gobernar no significa que, si las propuestas del primer poder del Estado no le gustan, se deban desechar, como sucedió con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación».

Finalmente, señaló que los miembros del Cpccs «deben irse a su casa», pues no se han efectuado en los tiempos previstos los concursos para la designación de autoridades.

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