En Notimundo al Día, Luis Muñoz Pasquel, representante del Foro Iberoamericano de Abogados, expresó que los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, así como la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, deben ser destituidos por la «nefasta» acción en la administración de justicia del país.
Esto se debe a que los vocales en cuestión aplicaron un reglamento aprobado en 2019 con el que se evaluó y destituyó a 26 jueces de la Corte Nacional de Justicia, a pesar de que la normativa fue declarada inconstitucional.
Pero habrían más irregularidades. Muñoz recordó que la Constitución establece que cada cabecera cantonal cuente con una corte provincial, lo cual no sucede en regiones como la insular, en Galápagos, por ejemplo. «Esto hace que todos los procesos civiles y penales tengan que litigarse en Guayaquil«, explicó. Sin embargo, factores como la falta de recursos imposibilitan a los pobladores trasladarse hasta el Ecuador continental para ejercer sus derechos básicos.
Asimismo, recordó que anteriormente puso una acción de incumplimiento en contra del Consejo de la Judicatura, solicitando que se nombre una corte provincial o un tribunal penal en el archipiélago, algo que no se ha efetuado hasta la fecha.
@MunozPasquel: “La conformación del @CJudicaturaEc es una piratería para poder juzgar. Es impúdica la forma de protección política que se genera en esa institución”
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— NotiMundo (@notimundoec) August 29, 2022
Muñoz Pasquel también consideró que la clase política en Ecuador, «que debería ser una reserva moral del país, se ha convertido en todo menos en eso«. Esto respecto a la presunta intención de la nueva mayoría legislativa, conformada por la bancada correísta de Unes, el Partido Social Cristiano (PSC) y disidentes de Pachakutik, para tomarse esta institución.
«La piratería (…) para que el Ejecutivo ponga un delegado en el CJ, así como el legislativo y el Consejo de Participación Ciuadana y Control Social es una barbarie«, apuntó el jurista, pues representa la toma del poder juidicial, que debe ser independiente y autónomo. Esto se evidencia, según Muñoz, con los polémicos casos como los audios filtrados del vocal Morillo, donde se evidenciaría una intromisión del Gobierno en una decisión judicial que pretendía favorecer en su momento a la expresidenta destituida de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.
Añadió que el cambio es «importante y necesario«, aunque no puede avizorar si «el remedio será peor que la enfermedad», frente a las intenciones políticas que giran en torno a este caso. Además, señaló que la población se podría levantar en poco tiempo, debido a la crítica situación por la que atraviesa la administración de justicia en el país, pues esta «es insostenible«.
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