La discusión en el Pleno de la Asamblea culminó a las 17:20 de este viernes 29 de noviembre, luego de la intervención de 27 asambleístas. Cinco horas duró el primer debate del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

Esta reforma legal propone cambios que son parte de los compromisos que hizo el año pasado el Gobierno en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Crédito: Asamblea Nacional Créditos: Redes Sociale.

La iniciativa del Gobierno contiene 50 artículos y 16 disposiciones. Hay consenso en el 77% del texto. Sin embargo, existen cuestionamientos en, al menos, tres temas que tienen con ver con las exoneraciones a los bancos para que den créditos a emprendedores, el pago en bonos del Estado a los GAD y el pago del 80% del valor que deben hacer la firmas telefónicas por uso del espectro a través de la ejecución de proyectos de conectividad propuestos por el Gobierno.

Estos y otros aspectos son criticados por el PSC, RC, SUMA, BADI e incluso algunos miembros de Alianza País, como Ximena Peña. Hay acuerdos en puntos como, por ejemplo, la remisión de intereses para deudores de créditos educativos y agricultores que adeudan a la banca pública.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC) se promueve que la votación final del texto sea dividida, «para aprobar lo positivo», dijo Vicente Almeida. Este bloque respalda todas las exoneraciones y beneficios tributarios, pero no las imposiciones como la que se sugiere a los servicios digitales. Estos últimos serían gravados con el 12% del IVA.

Las discrepancias son reconocidas por Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, quien durante su exposición en el Pleno defendió la iniciativa del Ejecutivo y aseguró que existe la apertura para elaborar un texto alternativo que atienda las observaciones emanadas del primer debate.

Desde el ala correista, Esteban Melo y Lira Villalba, exigieron que el Ministerio de Finanzas revele a cuánto asciende el sacrificio fiscal que representará la ley. Según ellos, el monto sería superior a lo que se pretende recaudar.

Las observaciones emanadas del primer debate serán procesadas por la Comisión para incluirlas en el informe para el segundo y definitivo debate. La Asamblea tiene plazo para evacuar el proyecto de Ley hasta el 20 de diciembre de 2019, sin embargo se espera resolver el asunto antes de esa fecha.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK