Uno de los pincipales ejes por los que el Gobierno declaró, el pasado 16 de mayo, el estado de excepción en el sistema penitenciario del Ecuador, es la resignación de recursos para que las cárceles puedan sustentar un proceso funcional de rehabilitación social. Según el director nacional de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, el hacinamiento que se vive dentro de los centros penitenciarios provoca que no se pueda ofrecer el tratamiento necesario para que los internos se «rehabiliten positivamente«.
«La ONU (Organización de las Naciones Unidas) declara, dentro de sus normas para el sistema penitenciario, que no puede haber más de 500 internos en una prisión, para que funcione correctamente la rehabilitación. Mientras tanto en el país, solo en la cárcel de Latacunga, tenemos 5 700 personas privadas de la libertad (PPL)», comentó Pazmiño.
#ErnestoPazmiño: «Tenemos 41 mil presos en cárceles que se crearon para 27 mil #ppl.» #NotiMundoalaCarta #CárcelesEcuador
— NotiMundo (@notimundoec) 22 de mayo de 2019
Además, el Director Nacional aclaró que actualmente el país gasta un monto de USD 800 mil diarios para el sistema penitenciario. Por este motivo, según Pazmiño, es importante que se integren procesos de trabajo y colaboración por parte de los PPL, para que la rehabilitación social sea sutentable económicamente para el Ecuador.
Estos problemas han generado varias críticas hacia la Dirección de Rehabilitación Social; por ejemplo, el exsubsecretario de esta entidad, Ricardo Camacho, afirmó, en NotiMundo a la Carta, que la corrupción en el sistema penitenciario se encuentra presente desde las mismas autoridades de la Dirección.
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Sin embargo, para el Director Nacional de Rehabilitación, las acusaciones del exsubsecretario son falsas; incluso, afirmó que Ricardo Camacho tuvo que ser separado de esta institución por sus «conflictos emocionales«. De hecho, según Pazmiño, en una reunión de ministros, se registró una agresión física hacia un General de la Policía Nacional por parte de Camacho.
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