La ARCOTEL declaró la nulidad de las resoluciones sobre la adjudicación de las frecuencias de RTS y TVC; y se dispuso que estas sean devueltas de inmediato al Estado. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido. «La Contraloría debería intervenir», agregó Solines.
Además, el político aclaró que estas dos empresas estarían cometiendo un delito por el mal uso de un recurso natural del Estado. No obstante, añadió que tras dos años de gobierno, el Estado «recién» está poniendo en orden el sector de las telecomunicaciones.
