La Justicia francesa obligó al Estado pagar EUR 500 a Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, por un decreto sobre las condiciones de su vigilancia en la cárcel, que carecía de base legal.
En un libro de la periodista, Elsa Vigoureux, sobre Frank Berton, que fue abogado de Abdeslam y presentó una demanda contra las medidas dictadas en junio de 2016 por el entonces ministro de Justicia, Jean-Jacques Urvoas.
En un decreto del 9 de junio de ese año, Urvoas fijó las reglas para que estuvieran con vídeo-vigilancia las celdas de aquellas personas cuya «evasión o suicidio pudiera tener un impacto importante para el orden público«.
Ocho días después, el ministro decidió, para un periodo de tres meses renovables, que Abdeslam fuera grabado en vídeo de día y noche. Una forma de garantizar que comparezca ante la Justicia el único terrorista vivo de los que participaron en el asesinato de 130 personas en París y Saint Denis.
Berton recurrió alegando que el decreto incumplía la Constitución, que considera que la vídeo-vigilancia las 24 horas del día afecta directamente a los principios de la privacidad y de la libertad individual, de forma que sólo puede regularse con una ley aprobada por el Parlamento, no con un simple decreto gubernamental.
En julio de 2016, su demanda fue rechazada tanto por el Tribunal Administrativo de Versalles como luego por el Consejo de Estado, aunque este órgano precisó que los mismos argumentos podrían ser aceptados si se recurría por «exceso de poder».
Entre tanto, el Ministerio de Justicia se dio cuenta de que había un problema legal y lanzó un procedimiento legislativo con un texto que se votó el 21 de julio de ese año y que reproducía los mismos términos del decreto.
Eso no evitó que, con un nuevo recurso de Berton, el Tribunal Administrativo de Versalles anulara en marzo de 2017 la decisión ministerial e impusiera el pago de EUR 500 euros para Abdeslam.
El presunto yihadista no se enteró hasta julio de 2018, cuando la Administración Penitenciaria pidió a Berton, que ya no era su letrado, que le comunicara sus datos bancarios.
Abdeslam, que tras su captura en Bruselas el 18 de marzo de 2016 y su entrega a Francia al mes siguiente no ha querido colaborar con la Justicia, ha indicado que se niega a cobrar ese dinero.
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
