Según un comunicado del Consejo de Participación Ciudadana, su presidente, José Tuárez había recibido amenazas de posibles agresiones en su contra por las denuncias de supuesta corrupción que realizaron este 11 de julio.

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El CPCCS tuvo que ser reestructurado luego de que cuatro vocales fueran censurados por la Asamblea Nacional. Crédito: Twitter Participa Ecuador

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) decidió este viernes 12 de julio, no pronunciarse sobre el revés que enfrenta tras la imposibilidad de conformar la Comisión Especializada para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC) y el inicio de una indagación previa a quienes votaron a favor de esa resolución.

El presidente de la entidad, José Carlos Tuárez, viajó en horas de la mañana de este viernes a la ciudad de Ibarra, en donde tenía planificadas varias actividades. Al final, esa agenda se canceló.

Según un comunicado de la entidad, “ante una alerta de posibles agresiones en su contra, por las denuncias realizadas el día de ayer, el Presidente del Cpccs, se vio obligado a cancelar su agenda de trabajo”.

Walter Gómez, vocal del Cpccs mencionó que será respetuoso de las medidas cautelares otorgadas por la jueza De Lo Penal, Irene Pérez. “Una vez que nos notifiquen de esa decisión, seremos respetuosos de aquello”.

Sin embargo, Gómez señaló que hay que buscar un mecanismo para conocer cómo se dio el proceso de calificación y designación de los jueces de la CC. A su criterio, el Transitorio no rindió cuentas sobre aquello y “la ciudadanía merece conocerlo”.

Por su parte, el consejero, Christian Cruz, mencionó que este caso afecta a la imagen del Cpccs. Sin embargo plantea que lo que se debe hacer es continuar con la agenda de trabajo y acercamiento con la ciudadanía.

Sobre el proceso de indagación previa y la Comisión Especializada, Cruz mencionó que será respetuoso de la Constitución y la Ley. Él fue uno de los consejeros que estuvo en contra de revisar el proceso administrativo para designar a la CC. María Fernanda Rivadeneira, consejera de minoría, coincidió con Cruz y dijo que su posición ha sido clara en cuanto a que no se puede revisar un proceso que no se puede cambiar.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y una personas que interpusieron una denuncia por este supuesto delito de incumplimiento de una decisión de autoridad competente, en contra de los vocales de mayoría del Cpccs, dijo que lo primero que se requiere es que la Fiscalía encuentre argumentos para iniciar la investigación propiamente dicha y pasar de la indagación previa.

García explicó que hay tres escenarios posibles. Después de superar la indagación previa, la Fiscalía puede continuar la investigación sin pedir prisión preventiva. El segundo escenario es que se solicite esa medida cautelar (prisión preventiva) y el tercero es mantener el proceso en indagación previa.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK