El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, interpuso una medida cautelar por el juicio político que se tramita en su contra, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Tuárez sostuvo que este proceso no tiene fundamentos jurídicos, sino que responde a una «persecución política y mediática».
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Según el abogado constitucionalista, Ismael Quintana, los juicios políticos que se han levantado en contra de la mayoría de consejeros del CPCCS no tienen sustentos que estén amparados en la Constitución. Esto se debe a que la Carta Magna estipula que la única causal para este tipo de procesos es el incumplimiento de funciones.
«No podemos acomodar la Constitución y la norma para cumplir con una misión política. Nunca revisaron los nombramientos del Transitorio, por lo que no se puede dar una sentencia por lo que pudo haber pasado«, enfatizó el abogado.
.@ismaelquintanag: «Llama la atención lo que pretende hacer Fabricio Villamar, lo estimo, pero está abiertamente equivocado.» #JoséTuárez #NotiMundoEstelar pic.twitter.com/nDsUUsQOUY
— NotiMundo (@notimundoec) July 23, 2019
Sin embargo, según Quinta, la Contraloría y la Fiscalía tienen la obligación de investigar las acusaciones de falsificación de documentos y de la declaración patrimonial que pesa sobre Tuárez; ya que esto significaría un proceso administrativo y penal que puede terminar en su destitución.
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