El pasado sábado, 4 de septiembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, advirtió, a través de su cuenta de Twitter, con el pedido de destitución del contralor subrogante, Caros Riofrío, ante la negativa para entregar información sobre el estado de situación de glosas y responsabilidades de 32 asambleístas. Aseguró que la acción de Riofrio estaría “creando un manto de impunidad” en las investigaciones que lleva adelante la mesa legislativa.
#CarlosRiofrío se negó a entregar el estado de situación de glosas y responsabilidades de 32 asambleístas, creando un manto de impunidad. El Contralor deberá comparecer en @FiscalizacionAN, entregar toda esa información pública, sino será sujeto de juicio político pic.twitter.com/MD6tc3vj8N
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) September 4, 2021
Ante esta acción, la Contraloría General del Estado emitió un comunicado, este lunes, 06 de septiembre, para informar que solicitó el pronunciamiento de la Procuraduría respecto a la procedencia o no de entregar a Villavicencio información personal de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes con Indicios de Responsabilidad Penal, como resultado de los exámenes especiales que practica la entidad. En el documento se indica que la acción surge ante solicitudes “insistentes” por parte de legisladores.
#ATENCIÓN | La @ContraloriaECU solicitó a la @PGEcuador pronunciarse sobre la entrega o no, de información personal de los ciudadanos y personas jurídicas con expedientes, glosas, órdenes de reintegro y responsabilidades penales a los asambleístas.
Más detalles aquí ⤵️ pic.twitter.com/u3akcFaH5V
— NotiMundo (@notimundoec) September 6, 2021
En NotiMundo Estelar, el abogado constitucionalista, Ismael Quintana, manifestó que “por Constitución y por Ley” el contralor Riofrío está en la facultad de atender el pedido del legislador Villavicencio porque no se incluye contenido personal y precisó que el señalamiento de Contraloría, respecto a que la negativa ocurre porque las indagaciones están en trámite o porque no han alcanzado una resolución firme, “no constituye un argumento jurídicamente aceptable”.
.@ismaelquintanag: "La solicitud del asambleísta @VillaFernando_ no es de los datos personales de quienes están siendo sujetos de examinación en la #Contraloría, le está pidiendo la información sobre exámenes a empresas privadas y sobre el estado de trámites administrativos". pic.twitter.com/bXz5oDBu9f
— NotiMundo (@notimundoec) September 7, 2021
Aseguró que, al mantener la postura de negación, el contralor “arriesga la posibilidad de que sea llamado a juicio político” en la mesa de Fiscalización del Parlamento.
Destacó, además, que la documentación solicitada permite el avance de posibles procesos sancionatorios en el Legislativo y advirtió que si el contralor “se va a convertir en una piedra en el zapato para que la Asamblea se pueda auto depurar estaría incumpliendo su función”.
En contraste, Quintana aclaró que la información de investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado tiene el carácter de reservada y no puede ser difundida por disposición expresa de la normativa.
Mira la entrevista aquí:
