En Notimundo al Día, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, criticó que el impuesto que pretende cobrar la Prefectura de Pichincha, por motivo de mantenimiento y mejoras viales en la provincia, se lo haya hecho «en el peor de los silencios«.
Para Villavicencio, es inconcebible que se quiera imponer un tributo que recaudará más de 6 millones de dólares, mientras se siguen entregando montos exorbitantes para «sus amigos correístas, con contratos a dedo». En este sentido, el Presidente de la Comisión de Fiscalización reveló que Pabón entregó, en menos de 10 días, cerca de USD 500 mil al artista Pavel Egüez, para la elaboración de un mural. Asimismo, aseguró que otro medio millón de dólares fue destinado para Radio Pichincha y su gerente, Orlando Pérez.
Por si fuera poco, dijo Villavicencio, se entregó aproximadamente 130 mil dólares para una decena de obras de teatro «para otra de las amigas del correísmo». Ante este escenario, informó que se ha solicitado a la Prefecta Pabón que remita la información pertinente, para abrir un expediente que será entregado a la Fiscalía General del Estado.
.@VillaFernando_: “He pedido a @PaolaPabonC que remita la información de toda la plantilla de trabajadores de @PichinchaGob y @radio_pichincha, que se ha convertido en una caja de resonancia del correísmo”
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— NotiMundo (@notimundoec) January 27, 2022
Asimismo, anunció que el pasado martes 25 de enero pidió a Pabón la plantilla de trabajadores de la Prefectura y de Radio Pichincha. «Les recuerdo que esa radio es pública y debe de servir para los objetivos de comunicación de la Provincia, pero se ha convertido en un parlante al servicio de un partido político y de un prófugo de la justicia, como Rafael Correa«, añadió.
Por otro lado, explicó que se solicitó entregar los contratos y estado de obras de las vías Aloag – Santo Domingo y Calacalí – La Independencia. Aseguró que «a los Pichinchanos nos va a tocar pagar 3 peajes adicionales, que no es para ampliación de la vía, sino para bacheo«.
Advirtió que hay otros contratos, que aún no se han hecho públicos, que demostrarían que existe «un gotero de dinero de la Prefecta para sus amigos«. En este sentido, instó a la Asamblea Nacional, «que no ha hecho nada durante 14 años«, a iniciar procesos de investigación y fiscalización a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. «Los informes de Contraloría se han quedado ahí, en un congelador», lamentó.
El legislador calificó al tributo de mejoras viales como inconstitucional e insistió en que debe ser retirado. «No vamos a permitir que nuestra plata siga yendo a bolsillos de los correístas«, enfatizó.
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