El terremoto de 2016 en Manabí no solo destruyó gran parte de la infraestructura de la provincia costeña, sino también la confianza de miles de personas que buscaban apoyo y transparencia por parte del Gobierno de turno. Seis años después, los cerca de USD 3.500 millones que se recaudaron para la reconstrucción todavía no llegan a su destino final, dejando en la población un sabor de impunidad, difícil de olvidar.

En Más Allá de los Hechos, Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), recordó que luego del desastre natural ocurrido en la costa ecuatoriana se dispuso iniciar investigaciones para conocer las acciones estatales en cuanto a los ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación. Sin embargo, poco después del suceso, empezaron a aparecer las primeras irregularidades, huellas imborrables de la corrupción.

Estrella aseguró que en el análisis de los contratos en torno a la reconstrucción, las cuentas no eran homogéneas, ni siquiera entre las mismas entidades estatales. Tal es así que, entre 2016 y 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas reportó contar con USD 1.573 millones de depósitos en efectivo, mientras que el Servicio de Rentas Internas (SRI) hablaba de USD 1.541 millones. Ese fue el inicio de la sospecha de las irregularidades que giraban en torno al manejo del dinero, que principalmente debía servir para que los afectados por el terremoto pudieran volver a flote.

Esas denuncias fueron presentadas en su momento ante la Fiscalía General del Estado, pero nunca se hicieron grandes avances para frenar el desvío de fondos o establecer responsabilidades a los involucrados. “Esto tiene nombre y apellido, no hay que olvidar quienes abusaron de los recursos públicos del país”, sentenció, al tiempo que manifestó su preocupación por los deficientes avances que han tenido las investigaciones respecto al tema.

En este sentido, recordó que solo dos días antes de dejar el poder, el exvicepresidente Jorge Glas aprobó cerca de 600 contratos por un valor de USD 2.900 millones en obras «que no se ven».

Para Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, “solo faltaron entregar los recibos”, luego de haber destinado la documentación necesaria a Julio César Trujillo, extitular del CPCCST. “Estuvimos en territorio viendo la realidad que pasaba con la población”, explicó Fernández, por lo que no podían quedar impávidos ante la inacción del Gobierno.

Señaló que poco después de la tragedia, se hizo la propuesta de que los USD 800 millones que iban a llegar al Ecuador por parte de países amigos, fueran a un fideicomiso, con el objetivo de que sean usados exclusivamente en áreas de salud, educación, agua y alcantarillado. El segundo planteamiento, dijo Fernández, consistió en crear otro fideicomiso para que ahí se maneje únicamente los fondos para la reconstrucción de Tarqui, la zona cero en Manta, donde más de 18 hoteles se vinieron abajo.

No obstante, la corrupción se introdujo a pasos de gigante, pues los víveres que eran acopiados en el coliseo de esa ciudad eran sacados para revenderlos en cantones que no habían sufrido afectaciones. “Fue el sector privado quien sacaba los muertos y quien atendía todo lo que requerían los grupos especiales de personas que venían de otros países”, criticó Fernández.

Por su parte, Julio Villacreses, representante de la Comisión Anticorrupción núcleo Manabí, sostuvo que desde ese organismo se presentó la denuncia en distintas instancias para frenar la corrupción que se evidenciaba, pero que poco o nada se hizo por detenerla. “Siento frustración porque las organizaciones civiles ya han hecho lo que podían hacer”, pero las entidades competentes no avanzaron con las investigaciones.

Villacreses criticó a la fiscal Diana Salazar por no dar trámite a las denuncias presentadas por la Comisión, “ni si quiera dio una firma de recibido de los documentos entregados”. Asimismo, manifestó que el problema ahora está en manos de la justicia, “la cual no está a la altura de las exigencias, sino que está comprometida con la corrupción y el crimen organizado que dominan al Ecuador”. Reiteró que la fiscal Salazar está en deuda con Manabí, pues considera que se ha dedicado a investigar “solo a los peces pequeños”.

Finalmente, Xavier Santos, exgobernador de Manabí y asambleísta, precisó que no formó parte del Comité de Reconstrucción y que al inicio de la emergencia hubo demasiados frentes, como la atención médica, reconstrucción, seguridad de la provincia, entre otros. Una de las fallas se identificó en temas como la contratación de maquinaria, pues se la hacía por hora y “en muchas ocasiones pasaban paradas, sin trabajar”.

Asimismo, manifestó que hubo repartición de viviendas para la reconstrucción, a distintas direcciones provinciales de obras públicas, donde hubo más de 500 contratistas, pero luego se detectó que estos no regresaban. Aseguró que las denuncias fueron presentadas en Fiscalía y Contraloría, pero no se avanzó más.

Santos lamentó que seis años después, su provincia no haya tenido la reconstrucción que se esperaba. «Duele y golpea, porque ese momento estuvieron las autoridades ahí pero después de los informes se ve que se pudieron hacer las cosas de mejor manera», puntualizó.

Mira el programa completo: 

Noticias relacionadasMás noticias del periodista

AnteriorSiguiente