Las luchas populares surgen como antagonistas de los gobiernos de turno, donde se busca reivindicar derechos sociales a través de políticas propias y organización colectiva. La detención de varios miembros del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad puso nuevamente en el debate la legalidad de estos grupos y los fines que estarían detrás de sus actuaciones, así como las de las autoridades.

En Más Allá de los Hechos, Andrés Quishpe, militante de izquierda y dirigente de organizaciones sociales, vinculó a la detención de los miembros del Movimiento Guevarista con la visita de la Primera Dama de Estados Unidos, con lo que se habría pretendido dar un mensaje a ese país, respecto a que en Ecuador se está persiguiendo a los opositores de la política del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para Quishpe, ese Movimiento no tiene vínculos ni intenciones terroristas, algo que puede verse reflejado en sus cuentas de redes sociales, donde se expresa de forma abierta el desarrollo de su actividad política. «No se debería satanizar la actividad social», añadió. Asimismo, aseguró que hay un proceso viciado dentro de los operadores de justicia, que se refleja en la persecución y criminalización de la lucha social por parte de diversos actores.

De igual forma, rechazó las actuaciones de las autoridades en la desproporcionalidad que se da en el tratamiento de ciertas circunstancias, como en las manifestaciones de estudiantes o bananeros, donde “llega más rápido la policía para reprimirlos que  cuando se trata de perseguir a las bandas delictivas”. Por ello, afirma que el propósito de la persecución es generar una satanización de todos quienes se oponen al Gobierno.

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que existen presuntos vínculos del Movimiento Guevarista con grupos irregulares de Colombia, sin embargo, para Quishpe estas acusaciones son recurrentes en estos casos, como sucedió con los 10 de Luluncoto. Además, aseguró que no hay coincidencias ideológicas con grupos extranjeros, pues cada pueblo tiene su propia realidad, pero reconoció que sí existen similitudes en la línea de pensamiento con grupos sociales del Ecuador, en cuanto se refiere a la defensa de derechos y recursos.

“El movimiento Guevarista, tiene actividades en los barrios y el campo, como lo hacen otras organizaciones como la Conaie, la UNE o el FUT”, añadió.  Expresó que hay un abuso de la prisión preventiva, enviando estudiantes, campesinos y profesionales a la cárcel, con lo que se refuerza la teoría de que lo que se busca es amedrentar a las organizaciones sociales que cuestionan las políticas de los gobiernos de turno. No descartó que existan infiltrados para deslegitimar la lucha de estos sectores y organizaciones.

Por su parte, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y experto en seguridad, consideró que es necesario que concluya la fase investigativa y se reúna toda la evidencia del caso, para poder emitir un criterio sobre si es una guerrilla o si se trata de un grupo en proceso de formación. Sin embargo, expresó que, con base a informes de la Policía y Fiscalía, se habla de la presencia de ciudadanos ecuatorianos en campamentos de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.

Pazmiño expresó su preocupación, pues dentro de las diligencias investigativas se dice que el Movimiento Guevarista toma contacto con comandos de la frontera, los cuales a su vez se relacionan con la Segunda Marquetalia, quienes simultáneamente trabajan indirectamente con el Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal de Brasil. «Esto implica otro escenario, que hay una protomafia que está incursionando en el escenario nacional, y que ingresa a través de los comandos de frontera”, apuntó. Además, sostuvo que el CV actualmente ya se encuentra en la frontera con Venezuela, pues tienen nexos para el acopio y comercialización de droga.

El experto explicó que el proceso de seguimiento a esta y otras organizaciones se da a través de mecanismos como la infiltración por parte de miembros de la Policía, y refirió que estas acciones toman al menos 2 años. No obstante, enfatizó en que se deben respetar los derechos de las personas procesadas y no dejarlas incomunicadas, para que prevalezca el Estado de Derecho.

Para Juan Cuvi, articulista y exdirigente de «Alfaro Vive Carajo» (AVC), es demasiada coincidencia que se detenga a este grupo justo cuando el movimiento indígena anunció movilizaciones en contra de las políticas del Gobierno, y asegura que se trata de un mensaje de las autoridades para menguar sus actividades y advertir que quienes respalden los levantamientos también serán encarcelados.

Asimismo, manifestó que la acusación sobre una presunta trata de personas es grave, pues eso implica que fueron llevados a la fuerza, y que según los informes de la Policía eso no ha sucedido, sino que hubo un traslado voluntario.

De igual forma, explicó que el Movimiento Guevarista hace política legal y que lleva cerca de 20 años a la luz pública, por lo que no podría tratarse de un movimiento subversivo, a diferencia de AVC, que actuaba al margen de la ley, por las circunstancias sociales que se desarrollaban en el momento. «Se está intensificando la paranoia del poder», apuntó.

Finalmente, Nathalia Sierra, familiar de un integrante detenido del Movimiento Guevarista, señaló que la vinculación que se ha hecho a esa organización carece de fundamento, y que antes de acusar debe darse un juicio transparente donde se respete el debido proceso. «El país está en una situación terriblemente difícil, y se dedican a perseguir a un movimiento político», criticó, y aseguró que este movimiento dedica sus labores a la asistencia comunitaria y no a acciones que están al margen de la ley.

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