En Notimundo al Día, Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), informó que a las 8:30 del domingo 19 de junio recibió la notificación de que se realizaría un allanamiento a las instalaciones de la institución, el cual duró cerca de tres horas, donde la Fiscalía General del Estado revisó todos los espacios y puestos de trabajo de los más de 200 funcionarios que laboran en el lugar, y no encontró material bélico ni otro material que atente contra la vida de otras personas, como se había informado en la denuncia que recibió la Policía.
Para Cerón, la toma de las instalaciones por parte de la fuerza pública se dio «por asalto», pues para ingresar lo hicieron trepando los cercos de seguridad que dividen el lugar con el parque de El Arbolito. Resaltó que hasta el momento, el personal administrativo no tiene control de lo que sucede en ese espacio.
Por otro lado, denunció irregularidades que se presentaron luego del allanamiento. Cerón señaló que a las 18:30, el equipo jurídico de la CCE se trasladó hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, para presentar una medida constitucional, con el fin de evitar la requisición del lugar, pero no fue sino hasta las 23:00 que les informaron que no se recibiría la acción de protección, porque no estaba habilitado el sistema. «Durante más de 5 horas no pudimos ingresar esta acción de protección, que debía ser inmediata», criticó.
@FRCERON: “Cerca de las 18:30 nos trasladamos a la Unidad de Flagrancia para obtener una medida constitucional, pero a las 23:00 nos dijeron que no nos iban a recibir la acción de protección porque no tenían sistema”
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— NotiMundo (@notimundoec) June 20, 2022
Cerón recalcó que el Decreto 455, que establece el estado de excepción y declara a la capital como zona de seguridad, está «mal hecho, como todo lo que hace el Gobierno», con lo que se vuelve ilegal el allanamiento y la requisición de la CCE. Esto debido a que en la normativa no se establece la autoridad competente para realizar este proceso. Asimismo, el hecho sería inconstitucional, pues el Artículo 369 de la Carta Magna prohíbe la requisición a edificaciones de carácter patrimonial. Tampoco se hizo un inventario de los más de 33.000 bienes que tiene la institución.
El Presidente de la CCE negó que durante estas movilizaciones se haya recibido una solicitud por parte de ninguna organización social para hacer uso de las instalaciones, algo que sí sucedió en la jornada de protestas de octubre de 2019, cuando se hizo un acta de entrega – recepción, con el fin de establecer responsabilidades para los grupos indígenas que se instalaron como base en el lugar. Por otro lado, indicó que a la Policía se negó el uso de las instalaciones, «porque no nos parece que estando al servicio del arte y la cultura deba servir a las fuerzas represivas».
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