En Notimundo al Día, Nathalie Arias, vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), informó que la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Ximena Garzón, no prosperó debido al incumplimiento de requisitos. La acción era impulsada por los asambleístas Ricardo Vanegas y Rafael Lucero, de Pachakutik (PK), pero el pasado viernes se determinó que ocho de las 39 firmas de respaldo eran inválidas. Para llevar adelante el proceso, se requerían al menos 34 firmas.
En el caso del juicio que se impulsa en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, adelantó que ya se ha solicitado el informe técnico correspondiente para evaluar si se cumplen los requisitos. La solicitud contra Carrillo la llevan adelante los legisladores Jahaira Urresta de Unión por la Esperanza (Unes) y Peter Calo del ala rebelde de PK. Al secretario de Estado se lo acusa de incumplimiento de funciones respecto a la seguridad ciudadana y por excesivo uso de la fuerza durante el último paro nacional.
@Nathie_Arias: “En esta semana se podrá conocer si se califica el juicio político contra @CarrilloRosero (@MinInteriorEc). La @AsambleaEcuador resolvió dirigirse a la @DEFENSORIAEC para que elabore un informe sobre este caso”
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— NotiMundo (@notimundoec) August 1, 2022
Arias anunció que para esta semana deberá resolverse si procede o no el juicio contra Carrillo. Asimismo, recordó que la encargada de sustanciar estos procesos es la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio. En esa mesa legislativa se sustancian los procesos por medio del análisis de causales, recibir a las partes, así como las pruebas de cargo y descargo, para finalmente elaborar un informe que debe ser llevado al Pleno de la Asamblea para su votación.
Informó también que no hay nuevas solicitudes presentadas, y que no pueden ser remitidos nuevos juicios antes de que se evacúe el que se trata al interior de la mesa de Fiscalización. Al momento, están en la Comisión procesos contra los vocales del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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