En NotiMundo Estelar, Jhossueth Almeida, director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, explicó que el veto total a la Ley de Comunicación implicaba un riesgo a largo plazo debido a que, en el plazo de un año, la Asamblea podía ratificarse en lo que aprobó originalmente.
El director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Jhossueth Almeida, recalcó que si el Ejecutivo vetaba totalmente esta normativa, a largo plazo no había la posibilidad de que el Ejecutivo, los medios o la ciudadanía puedan pronunciarse y se pueda cambiar el texto.
📢 Estamos #AlAire en #NotimundoEstelar con @Jhossueth_AV, director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la @Presidencia_Ec, para hablar sobre el veto parcial de la #LeydeComunicación por el Ejecutivo.
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— NotiMundo (@notimundoec) August 24, 2022
Por este motivo, explicó que el Primer Mandatario planteó una objeción de carácter mixto, es decir, de los 51 artículos que se observan, 17 se envían a la Corte Constitucional (CC) para que resuelva en el término de un mes y 34 se envían a la Asamblea para que analice en 30 días posteriores. “En 60 días ya tendríamos la ley aprobada”, dijo Almeida.
Almeida añadió que los temas que se enviaron a la CC son los “más agresivos en contra del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ese marco, precisó que el rol de la Defensoría del Pueblo, que se plantea en la normativa, es uno de los temas “más graves” que encontró el Ejecutivo. “La Asamblea aprobó la figura de derecho a la verdad controlado por la Defensoría del Pueblo, es decir, que una autoridad pública nos diga qué es verdad, qué es mentira, en un estado de control digno de autoritarismos y de tabúes”, señaló Almeida y agregó que este es uno de los puntos que se envió a la CC.
Para Almeida, con la ley aprobada por la Asamblea Nacional había un proceso de persecución a los medios y periodistas, no solo a través de la Defensoría del Pueblo sino mediante la figura de los defensores de audiencia que eran mediadores entre los medios y la ciudadanía.
Asimismo, señaló que la normativa era bastante reiterativa en su contenido en el sentido de obligar a los medios a participar en determinados talleres para difundir campañas, siendo eso una herramienta para luego “imponer contenido para adoctrinar, a través de los medios de comunicación”, recalcó Almeida.
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