Movilidad, inseguridad y desempleo son solo algunos de los problemas que afectan a Quito desde hace varios años atrás, y son precisamente las áreas que cada 4 años quienes aspiran dirigir la ciudad se comprometen a cambiar. Cuatro expertos coincidieron que se requieren cambios de forma y fondo para que la capital ecuatoriana salga del bache donde se encuentra.

En Más Allá de los Hechos con Fausto Yépez, Mónica Heller, miembro del Directorio de la Cámara de Comercio de Quito, indicó que la capital registra actualmente la mayor cifra de desempleo en Ecuador y que circunstancias como la pandemia o las movilizaciones sociales hacen que la situación se complique aún más.

Señaló que el problema se agrava porque se ha perdido la infraestructura productiva, por lo que se deben generar las condiciones adecuadas para que la misma pueda ser reconstruida, por medio de la generación de empleos a través de la inversión, tanto privada como pública. Sin embargo, reconoció que para que se puedan generar los escenarios óptimos para este objetivo es necesario que se permita al sector privado trabajar, con «reglas claras» para que se garantice la seguridad jurídica y con ello también la empleabilidad.

Heller consideró que «la política ha secuestrado la agenda» de la ciudad, dejando de lado prioridades como la planificación y la economía local. En ese sentido, insistió en que el sector privado requiere «libertad» para trabajar «y nada más», mientras que al público le corresponde la adecuada ejecución de presupuestos e inversiones para contribuir al progreso de la ciudad. «Aquí todos tienen que hacer lo que les corresponde», añadió.

Por otro lado, lamentó que la Alcaldía «se haya vuelto un cargo político«, pues el primer personero municipal debe ser, principalmente, un buen administrador del territorio que se constituye como una «gran empresa». En ese sentido, criticó obras como la del Metro de Quito, que lleva varios años sin funcionamiento. «Tenemos la obra más grande de los últimos años y no hay quien la sepa manejar«, aseveró.

Ese criterio lo compartió César Arias, experto en movilidad y gestión de transporte, quien añadió el Metro es «un mal proyecto«, pues se destinó una inversión que supera los USD 2 100 millones «para servir al 10% de la población« de la ciudad. Manifestó que con ese presupuesto se hubiese podido realizar 21 proyectos de trolebús, «y ahí sí resolvíamos un poco el problema de transporte en la ciudad».

No obstante, señaló que una vez que la obra está ahí «hay que ponerla a trabajar«. Asimismo, señaló que proyectos que han surgido como el reformar las rutas de transporte de la capital no es posible, pues se generaría un «caos terrible».

En cuanto al mal estado de las vías en Quito y al plan de rehabilitación vial que lleva adelante la administración de Santiago Guarderas, acotó que en algunos países de Centroamérica se cuenta con un sistema de gestión de pavimentos, lo que permite una programación adecuada para la intervención, contrario a lo que aquí sucede. «Aquí esperamos que la gente se queje y llame a reportar un hueco para ir a solventar el problema», apuntó.

Por ello, expresó la necesidad de que la ciudadanía elija a un representante que conozca las necesidades y tenga el liderazgo para guiar a los concejales en la solución de los problemas que aquejan a Quito.

Para Fernando Carrión, urbanista y experto en seguridad, el tema va más allá de elegir bien o mal, pues considera que los problemas de la capital son estructurales. Expuso la fragmentación política que existe, lo que hace difícil llegar a consensos. No obstante, indicó que la reducción del número de candidatos de 18 en 2019 a 12 en 2023, es positiva pues la se evitará en cierta manera la dispersión del voto.

De igual forma explicó que existe una crisis en el modelo de gestión del Municipio, que se evidencia en las 12 empresas públicas metropolitanas que existen, de las cuales solo una se autofinancia.

Además, la estructura planteada durante la administración de Augusto Barrera, que replicaba el modelo del Gobierno central en el local, generó un aumento en la burocracia que se refleja, por ejemplo, en la existencia de 8 instituciones dedicadas a la gestión del transporte.

Recordó, además, que las mayorías en el Concejo Metropolitano se han construido con favores políticos como la entrega de las Administraciones Zonales, algo que ya va más allá que un secreto a voces. «Se sabe muy bien a quien se entregó tal Administración» para tener mayorías, y añadió que eso ha sucedido también con las empresas municipales. Por ello insistió en la complejidad del problema estructural, que podría subsanarse con una reforma al Código de la Democracia. «No podemos seguir teniendo 21 concejales», enfatizó.

Finalmente, Diego Cevallos, experto en procesos de gobernanza local, resaltó la importancia de una buena relación entre el Alcalde y los concejales, pues las estrategias que se busquen implementar deben pasar por el órgano legislativo. Por ello insistió en que más allá del liderazgo y buena voluntad que deba tener el representante de la ciudad, debe existir esa articulación de esfuerzos para sacar adelante a la capital.

Recordó que Quito cuenta con modelo de gestión de Gobierno Abierto, el cual debería extenderse a todas las instituciones para tomar los aportes de sectores como las Cámaras o la Academia para contribuir a la construcción y seguimiento de las políticas públicas. «Hay que anclarnos de estas herramientas participativas«, sostuvo.

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