Corrupción, falta de control estatal y deficiencias en los sistemas de seguridad son algunos de los factores que profundizan la crisis carcelaria por la que atraviesa Ecuador, según actores involucrados en el sistema penitenciario.

En Más Allá de los Hechos, Claudia Milena Garzón, excomisionada de Pacificación y Diálogo Penitenciario, destacó que durante el período en que funcionó la Comisión se dieron pasos importantes para frenar la violencia entre organizaciones criminales, tanto así que se logró que entre las bandas designaran a un mediador, como parte de un «acuerdo de voluntades» para revertir la situación actual.

Aseguró que la entrega de armas que estaban en posesión de los presos se dio en varios centros penitenciarios e incluso luego de la disolución de la Comisión, algunos presos habrían mostrado su interés para continuar con el proceso, pero actualmente el mismo «se ha truncado», ya que este necesita un tiempo mayor a los 6 meses que se establecieron como plazo.

Comentó que cuando terminó el trabajo de la Comisión de Pacificación, continuó las labores con Leandro Norero, presunto narcotraficante y financista de varias organizaciones delictivas, que fue asesinado durante el último amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. «Todos los diálogos que tuve fueron para hacer acercamientos con los cabecillas de otras organizaciones, y no para crear una estructura criminal para ser dueños del país, como se especula», aclaró. Con su muerte, se rompieron las posibilidades de una tregua entre las bandas, añadió Garzón. Por otro lado, afirmó que ‘El Patrón’ Norero estaba decidido a impulsar la pacificación, y que no era necesaria la propuesta de las autoridades para frenar las agresiones que han cobrado tantas vidas durante la crisis penitenciaria.

Reconoció que existe corrupción, tanto en guías penitenciarios como en la propia Policía Nacional, que permite el ingreso de armamento y drogas, lo cual complica el panorama. Para ello, dijo, es necesaria la depuración.

Por su parte, Johanna Espín, experta en seguridad y criminología, manifestó que las nueve masacres carcelarias demuestran que los niveles de violencia no se han reducido, y que no sorprendería que un nuevo amotinamiento con víctimas mortales y heridos se vuelva a desarrollar próximamente. Frente a esfuerzos como el de la Comisión de Pacificación, consideró que son «decisiones aisladas» que no conforman una solución integral al conflicto que se vive en los centros de privación de libertad.

Criticó, además, que en el SNAI, ente encargado de las prisiones, no exista un Director titular desde agosto del presente año, lo que da muestras de la inestabilidad que existe en la administración de esta área y la «falta de interés» del Gobierno por atender los problemas actuales. Asimismo, aseguró que no se está priorizando la rehabilitación social, «la cual ha quedado solo en el nombre», pues no existe un plan que pueda garantizar un verdadero cambio en los presos para que no continúen con las acciones delictivas.

Otra de las falencias que denunció Espín es la falta de asignación presupuestaria para la implementación de tecnología y equipamiento de las cárceles, con lo que se podría detectar oportunamente el ingreso de armas o drogas. No obstante, destacó acciones como el censo penitenciario que está en marcha, pues dará una muestra real de cómo se encuentra esta área en la actualidad, para poder dar un seguimiento real para implementar los cambios que se requieren.

Para José Antonio Pérez, director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco (México), explicó que el Estado debe entender que la rehabilitación social es un tema de seguridad nacional y no un problema aislado. Además, consideró que la situación de las cárceles en Ecuador y de otros países del mundo responde al abandono de las autoridades y de la indiferencia de la población.

Desde la experiencia mexicana, ese país «tuvo que entender» que no se puede terminar con la violencia en las calles sin primero tener control de las prisiones, por lo que este debería ser el camino a tomar en Ecuador para reducir los niveles de violencia e inseguridad. Añadió que este es un proceso complejo, por lo que no puede revertirse la situación en meses, pero asimismo insistió que este tema no puede manejarse políticamente. «Los grupos delictivos son nada cuando no tienen la complicidad de la autoridad, y creo que en Ecuador no se ha asumido con un enfoque integral el verdadero problema», apuntó.

Jhonny Cadena, exguía penitenciario, indicó que la falta de decisiones del Gobierno actual y los anteriores han permitido que la crisis en las prisiones escale al nivel que se encuentra hoy. Informó que en 2016 fueron desvinculados la mayoría de agentes encargados de la seguridad interna de las cárceles, dejando el control de los filtros a la Policía Nacional.

Aseguró que en los centros de privación de libertad «mandan las mafias», algo que, según dijo, el Gobierno ha querido mantener en secreto. Además, aseguró que son los propios miembros de la Policía quienes ingresan las armas, por el acceso que tienen a los distintos pabellones de las cárceles.

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