En Notimundo al Día, Roberth López, coordinador jurídico de la Fundación Dignidad, manifestó su preocupación luego del recorrido realizado en la cárcel de Cotopaxi, donde se evidenciaría el abandono estatal, tanto en el mantenimiento de las instalaciones, como para muchas «víctimas» de errores en el sistema judicial. Explicó que en muchas ocasiones la Defensoría Pública no brinda el soporte necesario para quienes se encuentran encarcelados sin una sentencia ejecutoridada.
López criticó que en los defensores que otorga el estado existen deficiencias en cantidad y conocimientos para llevar un acompañamiento oportuno para quienes no pueden costear un abogado privado que vele por sus derechos. Esto, añadió, profundiza la crisis carcelaria, pues en las intervenciones que hace la Policía no distingue quienes forman parte de bandas delictivas y quienes no, atentando contra los derechos humanos de quienes no están ni desean estar inmersos en la violencia de las prisiones.
Recordó que el Estado es responsable de generar las condiciones para que los detenidos tengan un verdadero proceso de rehabilitación social, pero al no contar con planes ni estrategias para realizarlo no se puede garantizar que cuando los sentenciados cumplan su pena no vuelvan a delinquir. «Tenemos una condición que no permite la reparación a las víctimas ni posibilidad de que cometieron delitos se rehabiliten», lamentó.
@titolopezc: «Los DDHH nos cobijan a todos. El Estado está obligado a generar las condiciones para la reparación de las víctimas. Aquí no existe posibilidad de reparación ni de rehabilitación para los presos»
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— NotiMundo (@notimundoec) October 21, 2022
López detalló que durante el recorrido en el centro de privación de libertad en Latacunga, provincia de Cotopaxi, se evidenció, al menos, seis personas heridas de gravedad, producto de los enfrentamientos que existen en el interior de la prisión. No obstante, recalcó que lo preocupante no es solo la condición física en la que se encontraban los reos, sino que los hallazgos balísticos del interior de sus cuerpos podrían pertenecer a armamento policial, lo que evidenciaría una falta de control en el uso progresivo de la fuerza.
Recordó que la situación en las cárceles puede cambiar con cambios estructurales, atendiendo otras aristas que tienen que ver con lo social, cultural y hasta de salud mental.
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