En el análisis semanal de Más allá de los hechos, Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE); Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, se refirieron a la propuesta de reformas laborales por parte del Gobierno para proteger el empleo.
Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, considera necesario insistir en un reagrupamiento de las fuerzas para detener y enfrentar las agresiones del Gobierno. Sarango afirmó que la crisis que se está generando en el país es estructural, donde el sector empresarial se ha visto favorecido. “Están acondicionando leyes para seguir favoreciendo a los sectores industriales y agroexportador”, dijo.
Para el líder sindical con la reducción de los salarios, están violando la Ley y los derechos de los trabajadores. Una manera de sostener el empleo, según Sarango, es abrir nuevas políticas económicas que permitan una mejor producción en el país. “El sector empresarial nunca ha quebrado en nuestro país, ellos lo único que quieren es flexibilizar las leyes”, agregó.
Indicó que en los últimos años ninguna medida ha favorecido a los trabajadores y la aplicación de la Ley ha sido regresiva. “La tercerización no se ha eliminado, se ha incrementado”, aclaró. Informó que para el jueves de la próxima semana preparan un plantón en la Corte Constitucional para exigir una respuesta a las demandas presentadas.
Por otro lado, Fausto Cayambe, asambleísta de AP, informó que están esperando que llegue a la Comisión la próxima semana, el proyecto de Ley de Protección y Fomento del empleo en Ecuador. Aclaró que en esta normativa, de ninguna manera se está hablando de la flexibilización, pues ha precarizado el trabajo de los ecuatorianos.
Cayambe dijo que este mecanismo está destinado para salvar y proteger el empleo. Se han planteado cuatro condiciones:
- Debe ser confirmada la condición emergente de la empresas
- La normativa debe ser temporal, no más de seis meses
- No se pueden afectar los derechos de los trabajadores.
- El empleador no puede declarar utilidades donde tenga empleados con jornadas ajustadas.
Además, señaló que las condiciones de este “paro parcial” deben estar notificadas al Ministerio rector, en este caso, el Ministerio del Trabajo determinará si el empleador puede declararse en “paro parcial”.
Cayambe insistió que el salario se disminuiría temporalmente pero las demás condiciones no. “Estamos planteando acciones estratégicas para la protección del empleo. Hay cerca de 3 millones de ecuatorianos que están empleados”, agregó. El asambleísta considera que a partir del segundo semestre de este año, retomarán el crecimiento de este país.
Finalmente, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, explicó que hay dos problemas que identificar la generación del empleo y la preservación del empleo existente, por lo que el sector empresarial ha planteado la necesidad de tomar medidas que permitan al empresario que la alternativa de reducir su personal, sea la última. “Estas reformas siendo positivas, no van a corregir los problemas estructurales”, confirmó.
Para Martínez esta medida del “paro parcial” es una medida que la sugiere la OIT y que ha sido adoptada en varios países del mundo. “Si una empresa está en una situación extrema, reduce horas porque tiene menos carga de trabajo. El concepto, promovido por la OIT, permite un ganar-ganar-ganar para el trabajador, empleador y Estado. Hay que dar una opción previa al despido”, precisó.