En Más Allá de los Hechos, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, reconoció que luego de escuchar los planteamientos del sector indígena y del Ejecutivo se determinó que ambos tienen fundamentos. Por una parte, el alivio financiero que se buscaba para los sectores productivos es necesario por la situación del país, que se agravó con la pandemia del Covid-19. Pero, por otro lado, señaló que la posición del Gobierno, que indicó que la propuesta resultaría perjudicial para las finanzas, también es comprensible, pues el Estado debe administrar de forma adecuada los recursos públicos.
En este sentido, compartió la visión de que la medida de condonación de deudas de entre USD 3.001 y USD 10.000 podría representar un problema para el país, pues significaría una pérdida de USD 60 millones a USD 250 millones. Esto debido a que el dinero en cuestión no es propiedad del Estado, sino de todos los ecuatorianos, por lo que se crea el dilema de si se debería acceder a este que fue uno de los 10 planteamientos que se incluyeron en el acta por la paz que puso fin a las protestas.
Monseñor Cabrera, que en representación de la Conferencia Episcopal fungió como mediador del proceso, hizo un llamado para que delegados del Gobierno y del movimiento indígena se sienten nuevamente para encontrar una salida que no perjudique a ningún sector y la paz del país pueda estar garantizada.
Asimismo, insistió en que el pedido del presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, de incluir la condonación de deudas con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) o en la banca privada no resulta factible, pues esos son aportes de los afiliados y de usuarios particulares, respectivamente. «Esto representaría una debacle económica«, advirtió.
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