En Notimundo al Día, María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señaló que el juicio político que los censuró y destituyó fue ilegal e inconstitucional, debido a que se vulneraron los derechos de los cuatro consejeros que afrontaron el proceso, pero que gracias a una acción de protección aceptada por el juez Ángel Lindao, de La Concordia, fueron restituidos en sus cargos.
Rivadeneira aseguró que no se respetó el debido proceso ni tampoco su derecho a la defensa, pues al momento de ser llamados a comparecer en la Asamblea Nacional no sabían de qué estaban siendo acusados, pues no existía un informe ni pruebas que avalen el supuesto incumplimiento de funciones en que el Legislativo aseguraba que incurrieron. Expresó que si se acepta la resolución del Parlamento se estaría abriendo una etapa oscura en el país, donde cualquier autoridad puede enfrentar un juicio político «de la noche a la mañana».
.@mrivadeneirac: «Si permitimos que se vulneren derechos, estamos abriendo una de las fases más oscuras en el país, donde el poder Legislativo puede hacer juicios políticos de la noche a la mañana a cualquier funcionario»
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— NotiMundo (@notimundoec) December 8, 2022
Asimismo, explicó que la pugna que se mantiene entre el primer poder del Estado y el CPCCS responde a intereses de ciertos partidos políticos, que estarían buscando hacerse de la designación de autoridades, como por ejemplo del titular del Consejo de la Judicatura y con ello perpetuar la impunidad en el país, dejando los casos de corrupción de lado y diciendo que «aquí no ha pasado nada». Para Rivadeneira, si el Legislativo buscaba llevar adelante el juicio político, debía hacerlo en el marco de los derechos constitucionales.
Recordó que el Pleno del CPCCS resolvió en días pasados presentar una denuncia en contra del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pues la medida cautelar que los restituyó en su cargo fue desconocida por la Asamblea Nacional.
DATO
La sentencia del juez Lindao determina que la Asamblea pida disculpas públicas a los consejeros y que coloque una placa en la entrada del Palacio Legislativo con la frase: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
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