El proceso eruptivo de los volcanes Sangay, Reventador y Cotopaxi obligan a las autoridades y a la población a estar preparados ante los efectos que puede tener en la salud la caída de ceniza y a los protocolos que deben aplicarse, en caso de un incremento en su actividad. Autoridades y expertos coinciden en que las acciones deben ser preventivas y articuladas para reducir los riesgos ante un posible incremento en la actividad de los colosos.

En Más Allá de los Hechos, Owsaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, recordó que el volcán Cotopaxi mantiene una actividad constante desde 2015, lo que ha hecho reforzar el monitoreo y los planes de contingencia que deberían aplicarse en caso de una erupción de gran magnitud. Explicó que a raíz de la declaratoria de la alerta amarilla, en octubre pasado, se han mantenido tres reuniones con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, para actualizar esos planes y coordinar las acciones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Reconoció que existe la preocupación por dos importantes hospitales que se ubican en la zona de influencia del volcán, como es el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se encuentran a escasos cuatro metros del cauce del río Cutuche, que es uno de los afluentes que llevaría parte de los lahares en caso de una gran erupción. En este caso, se tiene prevista la colocación de dos hospitales móviles, para garantizar los servicios de salud para la población.

De su lado, Cristopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, reconoció que si bien existe una gran capacidad en el Instituto Geofísico para monitorear la actividad volcánica, no hay una completa confianza por parte de la ciudadanía para recibir la información que se emite desde las diversas autoridades que convergen en el tema. Por ello, consideró que se debe trabajar en una campaña educomunicacional, no solo sobre la actividad eruptiva de los volcanes, sino en las pérdidas que se podrían generar en caso de un evento de gran magnitud.

Asimismo, recordó que no solo los hospitales se encuentran en zonas de riesgo, sino también el aeropuerto y la cárcel de Latacunga. «Casi el 34% de la infraestructura del Estado tiene una afectación directa con la erupción del volcán», dijo. En este sentido, insistió en que se deben tener en cuenta todos estos factores para definir los planes de acción por parte de las autoridades. Por otra parte, hizo un llamado a que la gestión de riesgos sea permanente y no se la tome de forma reactiva, como lamentablemente ha sucedido en otras ocasiones.

Para Alexandra Alvarado, investigadora y exdirectora del Instituto Geofísico, la relación, que debería ser fluida entre el área técnica y la política, no siempre se da de esa forma, pues existen diversos criterios y visiones sobre cómo actuar en casos de una emergencia natural. «Hemos llegado a extremos de tener que colaborar para que tal o cual alcalde comunique lo que está pasando», explicó. Por ello, indicó que quienes se ocupen cargos de elección popular deben estar conscientes de los procesos naturales que tienen influencia en la población, para que se puedan articular acciones conjuntas y evitar posibles tragedias ante un evento de este tipo.

De igual forma, hizo un llamado para que la ciudadanía se involucre en el tema y tome decisiones responsables, en el sentido en que debe evaluar, por ejemplo, las zonas donde se realizan construcciones, así como los materiales que se utilizan, para reducir los riesgos que permanecen latentes ante la actividad sísmica y volcánica en el país.

Finalmente, Alberto Salvador, presidente de la Cámara de Industriales de Cotopaxi, aseguró que el sector cuenta con una preparación desde abril de 2015, cuando el volcán Cotopaxi incrementó su actividad, pero lamentó que desde los distintos niveles de Gobierno no se cuente con un protocolo definido o una información certera de lo que ocurre con el coloso. Criticó también que en 2015 se dispuso una evacuación «politizada», pues no tenía razón de ser y tampoco estaba contemplada una siguiente fase. «Eso causó graves problemas económicos», acotó.

Afirmó que, siete años después, ni el Gobierno Nacional ni el provincial tienen la capacidad para enfrentar una erupción del Cotopaxi. Vialidad, sistemas de agua potable y alcantarillado, comunicación, entre otros aspectos, podrían verse seriamente afectados en caso de un evento natural, por lo que consideró urgente actualizar los planes de contingencia para reducir los riesgos para la infraestructura y la población.

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