La Corte Constitucional dio paso al juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado. En Notimundo al Día, Esteban Ron, abogado constitucionalista, explicó que ahora el Primer Mandatario deberá responder sobre la designación de Hernán Luque al frente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), la configuración de esa empresa, y el papel de los "facilitadores" en los procesos de contratación.

Foto: Presidencia

En Notimundo al Día, Esteban Ron, abogado constitucionalista, señaló que se debe tomar «un tiempo» para revisar a detalle el dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional (CC) respecto del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.

Explicó que la CC descartó la imputación en el delito de concusión y admitió el presunto peculado, que es un crimen más amplio, ya que trata de la disposición de fondos públicos. El dictamen del máximo órgano de control constitucional, continuó el jurista, se inclinó por este delito tras un análisis «bastante coherente», que es el emparejamiento de los hechos relatados en los audios develados por un medio digital y de lo que incluyó en su informen la Asamblea Nacional.

Ahora, el proceso retorna a la legislatura y recae en manos de la Comisión de Fiscalización, para la presentación de pruebas de cargo y descargo. Recordó que el presidente Lasso, a través del departamento jurídico de la Presidencia, presentó ya sus descargos en la CC, sobre las acusaciones que pesaban en su contra.

«El Presidente estaba apelando a la CC, como parte de la estrategia política, pero al haberlo hecho está delimitando su camino de contestación ante la propia Comisión; no podrá desapegarse de esa línea de defensa, porque podrían darse diferencias que compliquen el juicio», sostuvo.

Ron acotó que, en la resolución del dictamen, se especifica que se inadmite las acusaciones de concusión y se llama la atención a la Asamblea por la desprolijidad con que se llevó a cabo el proceso en contra del Primer Mandatario. No obstante, aclaró que pese a esa desprolijidad y la cantidad de errores que se presentaron el pedido, era claro que la CC tenía la obligación de corregirlos. «No daban estos errores para que el juicio político no sea tramitado», aseveró.

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