La oposición logró su cometido de llevar a juicio político al presidente de la República Guillermo Lasso. El proceso, que ya se encuentra en la Comisión de Fiscalización, deberá cumplir al menos 45 días, según establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), para determinar si se ratifica la inocencia del Primer Mandatario o termina con su destitución.

En Decisiones con Jorge Ortiz, Mario Cuvi, viceministro de Gobernabilidad, rechazó la idea de que el Gobierno esté dando sus últimos pasos en el poder y aseguró que el proceso en contra del presidente Guillermo Lasso deberá cumplir varias etapas, donde el primer mandatario se defenderá con las herramientas que le otorga la Constitución.

«Yo no soy adivino, pero puedo asegurar que defenderemos al Presidente con la verdad», aseveró Cuvi. Asimismo, afirmó sentir «vergüenza» por lo detallado en el dictamen de la CC, donde se indica que, pese a las irregularidades detectadas en el procedimiento, se dio paso al juicio en virtud del principio de legitimidad política. «Es terrible el precedente que acaba de sentar la Corte», sostuvo.

Hizo hincapié en que el presidente Lasso ha reconocido que se cometieron varios errores en estos casi 2 años de gestión, y que eso se evidencia en el aumento del presupuesto en el área social a USD 15.000 millones. Además, alertó que en los próximos 40 días habrá un «ataque sistematizado» que, desde el Gobierno, se hará todo lo posible para combatirlo.

Frente a la posibilidad de disolver la Asamblea mediante la muerte cruzada, insistió en que «es una alternativa que está sobre la mesa», pero aseguró que la intención del Gobierno es trabajar durante este proceso con otras herramientas que establece la Constitución, «para hacer entender a los asambleístas que lo que este país necesita es estabilidad».

Para el jurista y analista político, Óscar Vela, el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional demuestra que en este proceso prevaleció la política antes que el Derecho y lamentó que la luz verde que se dio para el enjuiciamiento a Lasso deje entrever que el máximo órgano de control constitucional dejó de ser el último reducto de institucionalidad en Ecuador.

A su criterio, se dio paso a un proceso que está basado en supuestos e inferencias, mas no en hechos reales que prueben que el primer mandatario participó en el delito de peculado que se lo acusa. Además, manifestó su preocupación frente a las falencias en el manejo político del Gobierno, «desde su primer día».

Vela consideró que sí se alcanzarían los votos necesarios para defenestrar a Lasso, pues detrás de quienes impulsan el proceso están actores políticos que buscan tomarse el poder a como dé lugar. «No puedo afirmar que el Gobierno está caído, pero tengo poca confianza en que el Presidente pueda salvarse (de la destitución)», acotó.

«Espero que el Gobierno, ahora sí, esté preparado para enfrentar lo que se vendrá, que es una nueva arremetida muy violenta, con un líder como (Leonidas) Iza», indicó. Frente al mecanismo de la muerte cruzada, Vela sostuvo que Lasso debería activarlo y no «exponerse» al juicio en la Asamblea.

De su lado, Jorje Zalles, analista político, manifestó que el país está «obsesionado» con la idea de que los problemas que lo aquejan se solucionan en la palestra política, pero enfatizó que es necesaria una nueva mentalidad que asuma responsabilidades morales y no sucumba ante el chantaje. «Es fundamental que salgamos de esta pasión por el circo político y empecemos a darnos cuenta de que lo que realmente tenemos es una crisis social, educativa y moral mucho más profunda», dijo.

Consideró que si Lasso logra superar el proceso en su contra, será gracias a la fuerza política que eviten su destitución. No obstante, aclaró que dicha fuerza no viene del propio Gobierno, por lo que la esperanza de que eso ocurra recae en la sociedad civil.

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