El titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, con el objetivo de exigir presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia. En Notimundo Estelar, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, aclaró que el recurso legal responde al gasto corriente de la entidad y no a los fondos de inversión.

Créditos: Consejo de la Judicatura

“El Consejo de la Judicatura presta un servicio y este es la administración de justicia. Para eso se necesitan jueces y personal; no estoy hablando de presupuesto de inversión, que no se confunda, estoy hablando del gasto corriente”, explicó Terán y detalló que el Ministerio de Finanzas tiene más de USD 2.642 millones del Presupuesto General del Estado (PGE), de los cuales ha dotado al Estado USD 5.7 millones, es decir el 2.16%.

En esta línea, Terán insistió en que no se refiere a inversión, “estoy hablando de sueldos, de seguridad social, de beneficios legales, del gasto de insumos, de operación, de infraestructura, el gasto de supervivencia”, recalcó.   

Por esa razón, el titular de la Judicatura, justificó que si hay un servicio deficiente, “es porque no hay el personal completo y adecuado” y es lo que, según dijo, él impulsará para recuperar la confianza ciudadana.

En relación a la supuesta desvinculación masiva que denunció el Colegio de Abogados de Pichincha, Terán dijo que eso es falso y precisó que él desvinculó a aquellos que la Ley le permite, es decir, quienes tenían contratos de servicios ocasionales, “midiendo la densidad de aquellas personas que si funcionan dentro del servicio de justicia y ante aquellos que no”, dijo.

Escucha la entrevista completa aquí:  

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