El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo 730, donde acoge las recomendaciones emitidas por el Cosepe para la lucha contra el terrorismo. En Notimundo al Día, Daniel Pontón, experto en seguridad, señaló que el decreto presenta algunas falencias y genera confusión para las labores de la fuerza pública.

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El decreto firmado por el Primer Mandatario genera dudas sobre cómo proceder ante la amenaza terrorista, explicó el experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Daniel Pontón, en Notimundo al Día.

Es que en el tercer Artículo se dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (Snai) «tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones contra el terrorismo, sean sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad«.

A su criterio, el decreto está abriendo el camino para que se cometan abusos en la lucha contra la inseguridad, pues se adelanta a esa institución que los militares y policías podrán ir detenidos por el cumplimiento de sus labores, pero que para ellos «se garantice una buena vida y se evite que sean atacados por las bandas criminales».

En el decreto tampoco se precisa sobre la aplicación de normas o protocolos, ni tampoco de la capacitación para que las Fuerzas Armadas (FF.AA) y Policía cumplan con el objetivo, agregó.

Para Pontón, es necesario que se delimite el campo de acción de la fuerza pública, para que no existan excesos y se pueda efectuar un control efectivo con el menor número de muertos posible, tanto del lado de los uniformados como de los delincuentes, pero para ello se requiere un trabajo articulado con la función judicial, para que cumpla su parte. «No podemos hacer de esto una suerte de viejo oeste o la lógica del gatillo fácil», acotó el experto.

Por otro lado, consideró que la declaración del terrorismo como amenaza del Estado podría no tener la efectividad que se busca, pues las bandas delictivas tienen una estructura organizativa distinta de las células terroristas, como se conocen en otras partes del mundo. Además, alertó que en este contexto se puede dar paso a la creación de grupos paramilitares, lo que ahondaría aún más la crisis de inseguridad y la ola de violencia que azota al país.

Paralelamente, se debe profundizar en las estrategias preventivas, para evitar que nuevas personas sean reclutadas por los grupos delictivos, por medio de una política criminal que evite que este mal prolifere en el país, aseveró.

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