El pasado 14 de mayo, la Asamblea Nacional designó a los nuevos integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el periodo 2023-2025, en donde el oficialismo se quedó sin representantes. Con más de 90 votos para todas las dignidades, se consolidó la alianza entre las bancadas de UNES, Partido Social Cristiano (PSC), y los bloques de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik.
Esta elección se da a las puertas del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, que se llevará a cabo en el Pleno de la Asamble a las 10:00 del martes 15 de mayo.
La legisladora y cuarta vocal del CAL, Yeseña Guamaní, mencionó que, hasta el momento, no podría asegurar que existen los 92 votos necesarios para la posible censura y destitución del Primer Mandatario. Añadió que la forma en la que lleve a cabo su defensa en el Pleno, será clave para que los asambleístas definan su postura.
📢 Estamos #AlAire en #NotimundoALaCarta con @yesguamani, vocal del #CAL, conversando sobre la consolidación de la oposición contra el Gobierno, ¿el objetivo es la destitución de Lasso?
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— NotiMundo (@notimundoec) May 15, 2023
Puntualizó que la votación que obtuvieron los nuevos integrantes del CAL puede ser una referencia, pero no una definición del respaldo de las diferentes bancadas, para apoyar o no el juicio político.
Sobre la postura de la ID, señaló que seis de los 10 legisladores de la bancada están a favor del juicio político.
Guamaní explicó que existen tres posibles escenarios. Que Guillermo Lasso sea destituido y que el vicepresidente Alfredo Borrero asuma el cargo, o que no se alcancen los 92 votos para su censura, y que el Primer Mandatario se mantenga en funciones.
Si esto se da, indicó que sería una “tercera oportunidad” para que el Jefe de Estado le demuestre al país “que puede gobernar”.
Muerte Cruzada
El tercer escenario es que Lasso decrete la muerte cruzada, que implicaría la convocatoria a elecciones anticipadas. Mientras esto suceda, el Presidente puede seguir gobernando vía decreto durante seis meses.
Yeseña Guamaní mencionó que esta posibilidad “no les asusta”, y en caso de que se aplique, no la van a acatar, ya que la consideran ilegal e inconstitucional.
“No se configuran las causales, sería una represalia para evitar ser destituido”, declaró.
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