A puertas de definirse el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el gobierno está confiado en que no existen los votos necesarios para su destitución y asegura que las votaciones en la elección de las autoridades de la Asamblea no marcan la ruta de lo que será la sesión de este 14 de mayo. Así lo afirmó Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia.

Foto: Presidencia

Para Ortiz, lo que pasó el domingo 14 de mayo en la jornada electoral para definir a las autoridades de la Asamblea, no puede ser considerado como “un medidor” de lo que se pueda registrar al momento de la votación del juicio político. En esta línea, expresó que se trata de “momentos completamente independientes” y son dos procedimientos internos que tiene la legislatura.

En relación a la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional que el mandatario puede aplicar, Ortiz precisó que él deberá decidir el momento en el que lo puede ejecutar o firmar el Decreto que, de paso, indicó está listo.

Tras las declaraciones de Yeseña Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática, quien afirmó que los legisladores no acatarán la muerte cruzada, Ortiz insistió en que esta medida es una herramienta constitucional que tiene el presidente y que deberá ser acatada. Asimismo, rechazó el posible llamado a las calles en caso de que se dé este escenario.

Según Ortiz, la sesión del 16 de mayo es “una oportunidad de relanzar al gobierno y mostrar la capacidad que tiene le presidente Lasso y su liderazgo”, dijo a la vez que hizo un llamado a dejar de lado las confrontaciones para llegar a acuerdo en beneficio de los ecuatorianos.

Se tiene que empezar a pensar en un trabajo y lograr un acuerdo nacional en beneficio de los ecuatorianos; dejar de lado la cuestión ideológica o política porque eso no lleva a ningún lado; todos sabemos quiénes están atrás de este juicio”, concluyó.

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