Lenin Sarzosa, abogado de la Confeniae, explicó que la defensa del pedido de inconstitucionalidad del Decreto 754 responde a que con este no se respeta la consulta prelegislativa, por la susceptibilidad que tienen a ser afectados algunos derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Y es que según el Gobierno, la consulta prelegislativa a los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos se la realizó en cumplimiento de la ley, pero eso difiere de la versión dada por los habitantes de estas zonas. Según Sarzosa, en los registros del Ejecutivo se encuentran personas supuestamente consultadas, pero en la verificación de datos se evidencia que algunos ya fallecieron y que otros no son los dirigentes actuales, por ejemplo.
.@Lenin_Sarzosa: “El Decreto 754 no cumple un requisito fundamental, que es la consulta prelegislativa. Es importante la consulta porque es un decreto susceptible de afectar derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas”.
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— NotiMundo (@notimundoec) September 19, 2023
Estas irregularidades también se evidenciaron en la convocatoria hechas para desarrollar las consultas prelegislativa, donde el 40% de la estructura de los pueblos y nacionalidades no la habrían recibido. Tampoco la recibió la Defensoría del Pueblo, según se conoció en la audiencia del lunes 18 de septiembre. Asimismo, afirmó que el Gobierno estaría buscando dar paso a la consulta ambiental para violar el derecho de la consulta previa, que está garantizada en la Constitución.
Por otro lado, adelantó que de las 178 consultas ambientales que están suspendidas, entre 6 y 8 referentes a minería impactarían negativamente el estilo de vida y el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas. «El argumento del Gobierno es que las organizaciones sociales impiden el desarrollo del país; lo que estamos buscando es que se cumplan derechos», apuntó Sarzosa.
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