La declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador quedará sin efecto si es que todos los actores de la sociedad no cumplen con su rol y dejan el trabajo “a medias”. En Decisiones, con Francisco Rocha, tres distintos puntos de vista concluyeron que el Estado debe hacer un trabajo integral para que la lucha contra el terrorismo termine en la añorada paz para el país.

Luis Hernández, exministro de Defensa, recordó que cuando asumió en funciones identificó que se debían plantear cambios importantes en las Fuerzas Armadas, frente a temas que ocurrían al momento, como la explosión del radar de Montecristi.

Asimismo, cuestionó que, en temas urgentes para el país, como la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, el reglamento para su aplicación se expidió más de un año después de la aprobación de la normativa, lo cual evidencia que no era una prioridad para las autoridades la inmediata atención en el ámbito de la seguridad y el respaldo a la fuerza pública. «Si en el mando político no están claras las cosas, en el nivel militar y estratégico no se puede corregir», apuntó.

Para Hernández, «el arte de Gobernar» es el que viabiliza que se apliquen los cambios requeridos en el país, y es algo que en alguna medida se está evidenciando actualmente, donde existe sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo para dar paso a las reformas que se necesitan para una labor efectiva de las fuerzas del orden y de las instituciones encargadas de velar por la justicia.

Este criterio fue compartido por Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, quien enfatizó en que «nunca hay un buen viento para quien no tiene rumbo». Esto frente al poco o nulo liderazgo que, en parte, responde a problemas como la falta de partidos políticos establecidos que garanticen que las autoridades que llegan a puestos de poder sean probas para encabezar los cambios urgentes requeridos.

La improvisación y la falta de una ruta definida hacen que los gobernantes de turno «improvisen» en las medidas que se adoptan, como la propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa, donde algunas de las interrogantes perderían efecto con leyes que actualmente se tramitan en la Asamblea Nacional.

En este sentido, Oyarte hizo un llamado a que el presidente Daniel Noboa articule los esfuerzos necesarios para que la declaratoria de conflicto armado interno surta efecto y las fuerzas del orden no queden abandonadas a su suerte.

Por otro lado, explicó que los estados de excepción son una medida extraordinaria que permite atender situaciones que no están planificadas. No obstante, insistió en que esta no puede ser una constante, pues se desnaturaliza el efecto para el que fue concebido. En el caso ecuatoriano, estas declaratorias han sido más un «efecto placebo», apuntó Oyarte, aunque aclaró que este no es el caso.

El jurista recordó que durante el gobierno de Guillermo Lasso, hubo un sinnúmero de estas declaratorias que no tuvieron mayor efecto, pues cifras como las de las muertes violentas se incrementaron en records históricos, cerrando el 2023 con una tasa de 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, lamentó que, pese a las advertencias de distintos personajes de la política nacional, como Francisco Huerta, sobre la penetración del narcotráfico en el Estado, no se tomaron correctivos desde el ámbito político y operativo para reforzar las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Esto dio paso a que la delincuencia se infiltre en las más altas esferas, como en el Consejo de la Judicatura, donde su titular fue vinculado en el caso Metástasis, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada.

Por otro lado, Cruz precisó que el rol de los medios de comunicación es fundamental para librar la guerra contra el terrorismo y el crimen organizado. La responsabilidad de los comunicadores, añadió, pasa también por no se plataformas donde delincuentes o procesados tengan micrófono para dirigirse a la ciudadanía. De su lado, el Estado debe garantizar que la labor periodística se ejecute con total seguridad y no exista riesgo para quienes cumplen con la labor de informar. «El Estado debe hacerse sentir», concluyó.

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