La implementación de la figura de jueces sin rostro para el juzgamiento de delitos vinculados al crimen organizado se analiza en Ecuador, como una alternativa para salvaguardar la integridad de quienes dictan sentencias y que, por la delicadeza de los casos, muchas veces son amenazados o corrompidos por el hampa.

En Decisiones con Jorge Ortiz, la abogada penalista Marcela Estrella, explicó que la medida podría funcionar, pero no como una solución a largo plazo, sino temporal y con garantías. Recordó que países de la región que han aplicado la figura no han tenido el éxito deseado, y, además, han ocurrido temas «imperdonables», como el irrespeto al debido proceso y al derecho a un juez natural.

Precisó que para plantear una medida de este tipo se deberían analizar parámetros de constitucionalidad, convencionalidad, entre otros, que necesariamente recaerán en la Asamblea Nacional, donde el tema podría estancarse y la creación de filtros para proteger a los funcionarios podría verse truncada.

Estrella insistió en que esto no puede tratarse como algo aislado, sino de forma integral, en la formación de policías, fiscales y otros actores del sistema.

Para Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, la aplicación de jueces sin rostros representa el fracaso de un Estado en cuanto a la protección de sus operadores de justicia. Indicó que, desde el lado del procesado, no conviene el tema, pues no se puede recusar al juez en caso de considerarlo necesario ni tampoco se garantiza su probidad para las causas que maneje o su neutralidad.

Desde la otra orilla, en cambio, dijo que tampoco se garantiza nada con jueces de los cuales se conozca su identidad, pero, pese a ello, están amenazados por las bandas delincuenciales.

Oyarte explicó que existen otros inconvenientes, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no responde a la realidad que viven los países. «El tema de jueces sin rostro que se aplicó en Colombia o Perú era, por lo menos, para enfrentar a grupos identificables (…) hoy son tipos que están absolutamente mimetizados en la sociedad», apuntó.

Insistió en que en la actualidad resulta sencillo, sobre todo para los grupos de delincuencia organizada, conocer quién es el juez que lleva la causa, por lo que resultaría inoficioso aplicar la figura en el país.

Según Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE, en un país permeado por la corrupción, como lo es Ecuador, representa una idea que «podría salir muy mal».

Recordó que, si se piensa precautelar la integridad de los jueces, también debería hacérselo con la de los fiscales. «¿También vamos a tener fiscales sin rostro? ¿vamos a complejizar más el tema?», cuestionó.

Por otro lado, señaló que el debate podrá seguir su curso, pero necesariamente el tema deberá pasar por la Corte Constitucional, la cual podría oponerse de manera tajante por su adhesión a tratados internacionales de derechos humanos.

Reconoció, además, que la institucionalidad del país es casi nula, lo que implica que sin una reforma previa al sistema judicial no van a haber cambios significativos. Asimismo, indicó que la guerra contra el narco «está perdida», por lo que deberían analizarse otros escenarios.

Este criterio lo compartió Simón Ordóñez, sociólogo y politólogo, quién sostuvo que la prohibición de ciertas sustancias genera necesariamente un mercado negro, donde los grupos delictivos buscan ganar el control del mismo, y con ello se incrementa la criminalidad y violencia.

«Me parece un tema fundamental del que hay que hablar; además de ser una guerra perdida, la prohibición viola los propios derechos personales», apuntó.

Para Ordóñez, es importante que se apliquen mecanismos como contar con tribunales que estén en el exterior, para combinar la idea del juez sin rostro y tener al juzgador fuera del territorio donde ocurre el delito para salvaguardar su vida y la de sus familiares.

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