David Rosero, Exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señaló que el Consejo tiene tres atribuciones constitucionales, las cuales son: combatir la corrupción, designar autoridades y promover los derechos de participación. Según el legislador, la institución tiene una gran deuda con los ciudadanos ya que no ha hecho mayor esfuerzo en cuanto a la corrupción y la designación de autoridades.
Edwin Jarrín, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, manifestó que las críticas y polémicas sobre el Consejo nacen de la campaña electoral. Frente a la posible desaparición de la entidad, apuntó que esta acción no debe concretarse a través de un juicio político, por parte de la Asamblea Nacional. Resaltó que la institución ha logrado empoderar a la ciudadanía.
Por su parte Héctor Yépez, Asambleísta por el movimiento Creo y Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, indicó que se puede reformar a la institución, ya sea por voluntad del presidente, Lenín Moreno, o por convocatoria de los ciudadanos, a través de una consulta popular. Reconoció que estas reformas tomarían tiempo en ejecutarse.
