Un enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible que deja varios muertos, entre ellos uno presuntamente por un tiro de gracia de un uniformado; un asalto a una sede del PRI, el partido gobernante, deja cinco cadáveres; una madre activista, que buscaba desaparecidos, fue asesinada en Tamaulipas… La sucesión de hechos es de mayo, pero podría ser del mes pasado. O lo será, con cambios de escenario, seguramente el próximo. La violencia es un cáncer para México, y la consiguiente impunidad se expande como metástasis sobre un sistema que se vuelve cada vez más ingobernable.
2017 avanza como el año más violento del sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto, el último completo antes de que abandone la residencia de Los Pinos. El mes de marzo fue el que más homicidios dolosos registró desde la llegada del mandatario. Como lo fueron primero febrero y enero. En esta ocasión, se tienen constancia de 2.020 asesinatos. La barrera de los 2.000 no se superaba desde 2011 –los registros oficiales se iniciaron en 1997– siendo presidente Felipe Calderón, el mandatario que ordenó sacar al Ejército a las calles hace ya más de 10 años y cuya guerra contra el narco lejos de ser eficaz ha dejado más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en su informe anual, situaba a México como el segundo país más violento del mundo, con 23.000 asesinatos, solo por detrás de Siria, con 50.000 y antes que Afganistán e Iraq, con 17.000 y 16.000 respectivamente. El organismo británico ahonda en el incremento de un 22,8% del crimen en el último año, lo que considera un deterioro en una de las principales promesas de campaña de Peña Nieto. Además, recuerda que México ha sido incapaz de sacar adelante la Ley de Seguridad Interior, una hoja de ruta para la actuación de las fuerzas armadas y federales en el combate al crimen organizado.
El estudio del IISS ha creado revuelo en México. El Gobierno rechazó las conclusiones por considerar que utiliza cifras «cuyo origen se desconoce», refleja estimaciones basadas en «metodologías inciertas» y aplica términos jurídicos de manera equivocada. Tanto la Secretaría de Gobernación como la de Relaciones Exteriores consideran “irresponsable e incorrecto” el término de conflicto armado con el que el IISS cataloga la violencia en México.
El informe solo analiza los países en los que el organismo considera que existe un conflicto, de ahí que obvie datos, por ejemplo, de Brasil y sobre Venezuela, donde la violencia se ha disparado en los últimos años debido a la crisis social e institucional que vive el país sudamericano. En América Latina, solo ahonda, además de México, Colombia.
“Tenemos un problema de violencia gravísimo, también de impunidad, pero el estudio se basa en datos absolutos, no tiene sentido”, asegura el analista de seguridad Alejandro Hope, quien, en ningún caso, infravalora la creciente ola de asesinatos. El aceleramiento de la fragmentación de los grupos criminales es uno de los motivos de este repunte de la violencia que no tiene visos de frenar.
El Cartel Jalisco Nueva Generación se recrudece y fortalece al tiempo que se debilita el de Sinaloa, tras la extradición a Estados Unidos de su líder, Joaquín El Chapo Guzmán. Uno de sus sucesores, Dámaso López, El Licenciado, fue detenido la semana pasada en una zona acomodada de la capital mexicana, donde días después han ido cayendo varios de sus colaboradores, lo que ha disparado las alarmas sobre la penetración del narco en Ciudad de México.
Que el narco ha penetrado hasta las entrañas del sistema mexicano no es algo precisamente novedoso. Sin embargo, la percepción que se tiene puede considerarse altamente preocupante. El director de Parametría, Francisco Abundis, recordaba estos días en un artículo en el diario Milenio cómo el 39% de los mexicanos considera que los carteles son los que más poder ostentan en México, por el 28% que opina que es el presidente. El mismo estudio señala que el 36% considera que el narcotráfico hace más obras en las comunidades que el propio gobierno y un 35% de los consultados piensa que las organizaciones criminales genera empleos al país.
Otro de las causas a las que alude Hope para explicar el aumento de la violencia es la transición política que se dio, de forma simultánea, en casi la mitad de los Estados el pasado año. El encaje de los nuevos sistemas de poder se desarrolla en un año en el que otros tres Estados elegirán nuevo gobernador –el de México, el más poblado; Coahuila y Nayarit–, unos comicios que pueden suponer otro batacazo para el gobernante PRI.
Además, México vislumbra las presidenciales del próximo año, en las que hasta el momento parte con ventaja el dos veces candidato, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. La relación con Estados Unidos marcó el arranque del año en México; cuando amainó, se evidenció la impunidad rampante en el país vinculada a la corrupción con la fuga y captura de varios exgobernadores.
Ahora es el descontrol de la omnipresente violencia la que asoma. Los tres temas, de alguna forma, están ligados entre sí en un bucle interminable que agota y debilita a México.
