Los delegados del presidente Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional retomaron a puerta cerrada en una hacienda jesuita en la población de Sangolquí (este) sus conversaciones hasta los primeros días de septiembre, cuando Colombia tiene previsto recibir al pontífice argentino.
Acompañados por delegados de los países garantes, los negociadores arribaron a primera hora de la mañana en vehículos con vidrios oscuros y escoltados por patrulleros a la hacienda Cashapamba, que permanece vigilada por policías -a pie y a caballo- y apoyados por perros.
El jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, escribió en twitter que su delegación inicia este ciclo «con la mejor intención de avanzar hacia La Paz», pero condicionó el cese al fuego al fin de las hostilidades por parte de la guerrilla. «Que quede en claro para que no haya duda ninguna: solo si el ELN desmonta hostilidades contra sociedad civil podrá haber cese al fuego», dijo.
Por su parte, Bernando Téllez, miembro de la cúpula del grupo guerrillero y del equipo negociador, aseguró a un reducido grupo de periodistas, entre ellos la AFP, que la intención es que el cese al fuego sea temporal, «más o menos de tres meses» y eventualmente «prorrogable». «Apenas vamos a empezar a concretar las condiciones del cese.
Nuestra idea es que ese cese bilateral del fuego empiece días antes o en lo posible semanas antes de la llegada del papa», agregó. Por decisión del gobierno, las conversaciones se han desarrollado en medio de la confrontación en Colombia.
«Va muy sólido»
Para el analista Víctor de Currea el proceso «va muy sólido», pues hay un compromiso de ambas partes. «Tanto el gobierno como el ELN están convencidos (de) que lo mejor que pueden hacer es declarar una tregua bilateral con la ocasión (de la visita) del papa y en eso se van a centrar los esfuerzos», dijo.
En una reciente entrevista con la AFP, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN -la última guerrilla activa en Colombia tras la firma de un acuerdo de paz con las FARC en noviembre pasado- dijo que espera ser recibido por Francisco en la ciudad colombiana de Villavicencio.
El ELN, con unos 1.500 combatientes según cálculos oficiales, considera que ambas partes tienen la «responsabilidad de dar un paso histórico» que permitiría «aliviar la situación humanitaria de las comunidades en las zonas de mayor confrontación». Y sostiene que «el Estado debe cesar las agresiones contra el movimiento social y garantizar la integridad de líderes y lideresas sociales» con el fin de llegar a la paz.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 186 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio pasado, la mayoría en zonas donde operaban las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Demandas prioritarias
Para esta tercera ronda, el ELN llega con otras demandas que considera prioritarias: acordar los términos del desminado humanitario pactado en el primer ciclo y avanzar con acciones para permitir la participación de la sociedad en el proceso.
El ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron diálogos en febrero en Quito para superar medio siglo de conflicto armado, que desde la década de 1980 ha tenido en el narcotráfico una fuente de financiación para los grupos rebeldes.
Con el diálogo de paz con el ELN, el gobierno de Santos espera alcanzar la «paz completa», tras medio siglo de un cruento conflicto que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.
Ecuador, Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela acompañan como garantes las conversaciones.
Fuente: El Telégrafo
