Por un lado, Andrés Páez afirmó que esta iniciativa es un nuevo chinesco del Presidente de la República, Rafael Correa, con el cual se pretende distraer a los ecuatorianos de los temas fundamentales. Así, dijo, del importante crecimiento en intención de voto del candidato Guillermo Lasso y también de los temas de corrupción que se han venido denunciando. “Nosotros en mayo vamos a derogar esta Ley de Plusvalía y una docena de impuestos”, comentó.
Páez señaló, además, que el presidente Correa ha calculado bien el envío de este proyecto de Ley en un mes inapropiado y complicado, con el objetivo de garantizar su aprobación hasta el 30 de diciembre. “Eso significa que el regalo de Navidad del correísmo, especialmente para los más pobres, es un nuevo impuesto”, afirmó el asambleísta, quien reiteró que esta propuesta es lesiva para los intereses de la inmensa mayoría de ecuatorianos.
De su lado, Alexandra Ocles explicó que esta iniciativa es una apuesta del Gobierno Nacional que ha estado en discusión durante un buen tiempo, en el que se han realizado diálogos y socializaciones con la ciudadanía para tener los elementos necesarios para el análisis dentro de la Asamblea Nacional. “Tenemos que abrir el debate frente a lo que significa la especulación de tierra, que no es un tema nuevo y que durante un buen tiempo ha venido operando”, expresó.
Asimismo, la legisladora apuntó que dentro de la Asamblea Nacional los distintos sectores podrán debatir y realizar observaciones al proyecto de Ley, y aclaró que el mismo no es ninguna pantalla para tapar otro tema que investiga la Fiscalía, Contraloría o el mismo Legislativo. “Frente al tema de corrupción no se puede bajar los brazos ni callar. Las acciones no paran porque se está discutiendo una Ley, que no está planteada para afectar a la mayoría de ciudadanos”, concluyó.
Mientras tanto, Silverio Durán destacó que el inversionista, quien da liquidez al sector inmobiliario y precompra las viviendas, será el afectado por la Ley de Plusvalía, que además ocasionará que los terrenos suban en un 70% a 100% de su costo catastral. “Así no se podrá hacer viviendas de bajo costo. El sector inmobiliario, al retirarse el inversionista que precompra sin interés, deberá acudir a otros mecanismos financieros”, comentó.
Afirmó, además, que desde el sector inmobiliario han pedido a la Asamblea Nacional ser recibidos para exponer sus pronunciamientos técnicos, no políticos sobre la Ley. “Estamos preocupados que esta propuesta sea un desvío de atención para otros temas que tienen complicado al Gobierno”, añadió.
