Durante la visita del presidente Daniel Noboa a Canadá, se suscribieron seis compromisos de inversión minera por USD 4.800 millones. En NotiMundo al Día, Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, destacó la importancia de esta gestión y aseguró que el país podrá percibir recursos necesarios para generar mayor bienestar y fuentes de empleo y desarrollo en las zonas de influencia.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas. Foto: NotiMundo

Una de las primeras reacciones luego de los acuerdos alcanzados con inversionistas canadienses llegó desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). «El presidente Daniel Noboa ha declarado su posición de hostilidad contra los pueblos indígenas del Ecuador; su actitud hostil en contra de los pueblos indígenas», sostuvo su máximo líder, Leonidas Iza, en una rueda de prensa realizada el miércoles 06 de marzo de 2024.

Para el exministro de Minas, Fernando Benalcázar, Ecuador no puede darse el lujo de dejar de percibir recursos que vendrían de actividades mineras responsables. La presencia de dos minas a gran escala permitió incrementar los recursos económicos del país, pasando de USD 250 millones en 2019 a USD 3.300 millones en 2023, sostuvo Benalcázar y agrego que esos proyectos han generado plazas de empleo y han cambiado el panorama socioeconómico del territorio donde se encuentran.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Ley, el 60% de las regalías de los proyectos mineros van directo a las zonas de influencia de los mismos, pero, lamentablemente, por la corrupción se ha cuestionado el verdadero desarrollo al que contribuyen estas actividades. Benalcázar insistió en que la presencia de Daniel Noboa en la feria minera PDAC, en Toronto, dio un gran mensaje de la importancia de atraer inversiones en esta área.

«Es absolutamente lógico lo que él está haciendo, porque la realidad de la inversión extranjera directa en Ecuador cayó a niveles sin precedentes en el primer semestre del 2023, a USD 106 millones», sostuvo Benalcázar, mientras que en 2022 los ingresos fueron de USD 811 millones, lo que representa una caída de casi el 90 %.

Añadió que una Ley Orgánica de Consulta Ambiental y otra de Consulta Previa Libre e Informada permitirían garantizar una verdadera generación de empleo, mayores inversiones y cadenas de producción en marcha.

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