La infiltración del crimen organizado en las más altas esferas del poder ponen sobre el tapete una pregunta: ¿Hay salida a esta crisis?. En NotiMundo al Día, Mariana Yépez, exfiscal general del Estado, afirmó que el momento que vive Ecuador es una oportunidad para que el Consejo de la Judicatura (CJ) ejecute una verdadera depuración para traer mejores días a la función judicial.

Mariana Yépez, exfiscal general del Estado. Foto: NotiMundo

La extitular de la Fiscalía General del Estado vio con sorpresa que en esta corrupción del poder político y judicial no solo tengan participación personas relacionadas a estas funciones, sino otras ajenas, como Mayra Salazar, una comunicadora con gran influencia en la justicia de Guayas, que fue pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero, y detenida en el marco del caso Metástasis.

Yépez señaló que es «incomprensible» que las autoridades administrativas delegadas del Consejo de la Judicatura no se hayan percatado la influencia de Salazar en esa jurisdicción, donde, según la Fiscalía, manejó las «campañas» para la presidencia de la Corte Provincial de Fabiola Gallardo, también detenida en el caso Purga, y para el actual titular de la Corte, Hugo González.

Eso da cuenta de que sí existió una asociación para cometer delitos, entre los que estarían tráfico de influencias, prevaricato, entre otros, agregó la exfiscal.

No obstante, indicó que si algo positivo puede salir de este oscuro capítulo de la justicia ecuatoriana es que el CJ actual, encabezado por Álvaro Román, tiene la oportunidad de hacer una verdadera depuración. Esto mediante un trabajo minucioso en el ámbito disciplinario y en la selección de los jueces, y, posteriormente, una permanente evaluación a los magistrados. «Debería haber un control del patrimonio de los jueces», añadió Yépez.

Recordó, además, que la injerencia política en la justicia no es nueva, pero este momento, donde el narco ha sido el mayor protagonista, requiere de acciones concretas y definitivas, para superar la crisis que atraviesa el poder judicial en Ecuador.

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