La implementación de acuerdos de paz entre presos busca prevenir nuevos escenarios de violencia al interior de las prisiones. En Notimundo al Día, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), destacó que los tres convenios suscritos hasta el momento van acompañados de acciones como la reducción del hacinamiento.

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En Notimundo al Día, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), informó acerca de los tres acuerdos de paz que se han suscrito en los centros penitenciarios de Turi (Azuay), Loja y Santo Domingo. Esto como parte de la implementación de mecanismos para pacificar los lugares, que anteriormente han sido escenarios de violentas masacres.

Ramírez señaló que esta herramienta está avalada a nivel internacional y que cuenta con el compromiso de los presos, como una fase fundamental para el proceso de rehabilitación social que se busca. En la cárcel de Azuay, también se realizó una entrega de armas como ratificación del acuerdo entre los privados de libertad.

Destacó que con los convenios suscritos se ha logrado la formación de los llamados «caporales» que son quienes ejercen el control en una zona determinada de la prisión. Ahora, a quienes se los denomina «gestores de paz penitenciaria», reciben capacitaciones de resolución de conflictos, con lo que se busca reforzar las estrategias implementadas.

Ramírez destacó que dentro de los siete planes de acción que tiene el SNAI está la implementación de infraestructura, equipamiento y tecnología, para reforzar los controles en los centros penitenciarios. Con ello, se incorporarán escáneres corporales y de carga, para evitar el ingreso de objetos prohibidos, así como dos salas de monitoreo y control para mantener una vigilancia constante de las 47 prisiones que existen en el país.

Asimismo, recordó que dentro de la política pública de rehabilitación social, que fue presentada en febrero pasado, existe una inversión de USD 27 millones y los ministerios del área social se encuentran presentando los planes, programas y proyectos para que se pueda garantizar la rehabilitación social y una reinserción efectiva.

Aclaró que no existe una garantía total de que los amotinamientos y masacres no se vuelvan a repetir, pues cada centro de privación de libertad tiene su propia dinámica, pero con la implementación de los acuerdos de pacificación se busca complementar los ejes que también se están atendiendo, como la reducción del hacinamiento en 19% desde el inicio de su gestión. Destacó que se está trabajando en coordinación con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y otros organismos, para agilizar los indultos para quienes haya cumplido el 40% y 60% de su pena.

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