Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (FF.AA) y militar en servicio pasivo, afirmó que la nueva cúpula militar está conformada por prestigiosos generales que tienen los mismos valores de los que acaban de ser relevados. “Ellos mantendrán la misma posición de defensa de la democracia y de la Constitución”, dijo.
Indicó que jamás en una democracia, debería presentarse el caso de que el Alto Mando realice una presentación pública para reclamar ciertos hechos. “Cuando el poder civil sale de los procedimientos legales, les pone a los militares en una condición difícil”, precisó. “No están saliendo de locos a decir cosas sin sentido, sino a protestar con estricto apego al derecho. Salió el Presidente a decir soy el jefe, yo ordeno, él no puede hacer eso, la Constitución ni la Ley le permiten”, agregó.
Para el exjefe del Comando Conjunto, en el país no hay la suprema voluntad de nadie que reemplace a la Constitución y a la Ley, por lo que el Presidente tiene que obedecer las normas constitucionales y legales. “No puede ponernos como viles “mercachifles” que quieren obtener dinero”, puntualizó.
Moncayo considera que si hay pensiones excesivas, hay mecanismos legales para revisar procedimientos y fórmulas. “No debe el Presidente salir el sábado a criticar a las Fuerzas Armadas, hay una actitud de inanimadversion en contra de los militares”, comentó.
Alberto Molina, coronel de Estado Mayor y analista militar, criticó que el Presidente «de forma descomedida» y, sin recurrir a instancias jurídicas, tomó esta decisión. “Estamos preocupados porque se está atentando al patrimonio de las FF.AA. Es legítimo reclamar de forma altiva esta decisión del Gobierno”, mencionó.
Para Molina, es una “fantasía” que haya exceso en la compra venta de estos predios. “Si estaba mal esta promesa de compra venta, no debería haber firmado la Ministra de Ambiente”, cuestionó. Además dijo que este proyecto estaba orientado a un proyecto habitacional, era la ciudad Jose Joaquin de Olmedo, y la institución se vio obligada a vender esos terrenos al Ministerio. El Coronel criticó la actuación del Presidente Rafael Correa, pues, según manifestó, debió acudir a instancias legales.
Para finalizar, Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia, considera que los que discuten el tema de los 40 millones, “son los mismos de siempre que politizan un tema que es técnico. El Estado puede quitar 40 millones, pero mañana les da 500 millones para cumplir con las pensiones”, dijo.
Explicó que este caso empieza en 2013, cuando el Presidente percibe que en la transacción había el error de no someterse al avalúo catastral del Municipio de Guayaquil; en ese momento, Mera pide que se hagan los pasos para la devolución, y luego de varias reuniones, los sectores de militares no quisieraon hacerlo, y se combinan para que el Procurador establezca la viabilidad del tema.
“Cuando el sector militar no acepta la devolución de las escrituras, debemos hacer algo para cumplir la Ley y por eso se hace el retiro de dinero de las pensiones”, subrayó.
Para Mera, el Alto mando es obediente no deliberante, por lo que “no puede salir a discrepar con decisiones de su comandante en jefe”. «FF.AA. se deben al Estado, en la persona del Gobierno de turno, porque el Estado se personifica con el Presidente”, agregó.
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