18 días de paro nacional finalizaron con el acuerdo de instalar mesas temáticas para tratar las demandas que las organizaciones del país, aglutinadas en la Conaie, hicieron al Gobierno. Sin embargo, algunos de los puntos más álgidos de los pedidos, como la condonación de deudas de hasta USD 10.000 en la banca pública, no resultó viable, según el Ejecutivo, algo que disgustó a los dirigentes sociales que ya anunciaron nuevas movilizaciones ante el incumplimiento del régimen.

En Más Allá de los Hechos, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, recordó que la segunda fase de los diálogos entre el movimiento indígena y el Gobierno Nacional comprendía la implementación de los 218 acuerdos alcanzados, con la instalación de una mesa de seguimiento a los mismos, conformada por representantes de las dos partes.

Reconoció que luego de escuchar los planteamientos del sector indígena y del Ejecutivo se determinó que ambos tienen fundamentos. Por una parte, el alivio financiero que se buscaba para los sectores productivos es necesario por la situación del país, que se agravó con la pandemia del Covid-19. Pero, por otro lado, señaló que la posición del Gobierno, que indicó que la propuesta resultaría perjudicial para las finanzas, también es comprensible, pues el Estado debe administrar de forma adecuada los recursos públicos.

En este sentido, compartió la visión de que la medida de condonación de deudas de entre USD 3.001 y USD 10.000 podría representar un problema para el país, pues significaría una pérdida de USD 60 millones a USD 250 millones. Esto debido a que el dinero en cuestión no es propiedad del Estado, sino de todos los ecuatorianos, por lo que se crea el dilema de si se debería acceder a este que fue uno de los 10 planteamientos que se incluyeron en el acta por la paz que puso fin a las protestas.

Monseñor Cabrera, que en representación de la Conferencia Episcopal fungió como mediador del proceso, hizo un llamado para que delegados del Gobierno y del movimiento indígena se sienten nuevamente para encontrar una salida que no perjudique a ningún sector y la paz del país pueda estar garantizada.

Asimismo, insistió en que el pedido del presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, de incluir la condonación de deudas con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) o en la banca privada no resulta factible, pues esos son aportes de los afiliados y de usuarios particulares, respectivamente. «Esto representaría una debacle económica«, advirtió.

De su lado, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró que el Gobierno es responsable con los recursos públicos y para ello se lleva a cabo una estrategia de tener orden fiscal y un enfoque social.

Explicó que en BanEcuador se han inyectado la mayor cantidad de recursos hacia la base de la pirámide productiva, con más de USD 1.800 millones de inversión desde el inicio de la administración del presidente Guillermo Lasso. Aquí resaltan los créditos que se promueven desde el Ejecutivo, que alcanzan los USD 120 millones entregados al 1% de interés, a 30 años plazo, con más de 45.000 ecuatorianos beneficiarios.

Frente al pedido de condonación de deudas de USD 3.000 en adelante, indicó que el análisis técnico, jurídico y financiero que se hizo determina que resulta «imposible», pues representaría pérdidas de USD 190 millones para el país. Añadió que BanEcuador tiene 2 millones de clientes, por lo que la medida podría significar «hacer un hueco, por el capricho de unos pocos», en la economía de quienes confiaron en la institución.

No obstante, reiteró que la propuesta del Gobierno es brindar alivio finianciero por medio de la reprogramación de las deudas. «Un emprendedor no necesita que le condonen una deuda, pues condonar es condenarlo«, dijo Arosemena, pues una vez que se efectiviza esa acción se lo declara insolvente y no podría acceder a nuevos créditos.

Con la reestructuración, en cambio, no se afecta el historial crediticio. Por ello, el Ministro precisó que la condonación se realizará hasta los USD 3.000, lo que no representa una afectación al país. La reprogramación, en cambio, será hasta USD 20.000, que da un plazo extra para pagar la deuda.

Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik (PK), criticó que los 10 puntos de la agenda que llevaron a la movilización nacional aún no tienen acciones concretas por parte del Ejecutivo. Esto sucede con dos de los principales planteamientos, como la focalización del subsidio a los combustibles y la condonación de deudas. Además, rechazó que desde el Régimen se afirme que son 218 acuerdos que salieron de las mesas de diálogo, pues afirmó que no todos se han cumplido.

«El Estado ecuatoriano está en deuda con este sector; no han tocado la política agropecuaria por más de 30 años», rechazó Velasque. Por ello, resaltó que se han hecho varias propuestas para el Gobierno, como la generación de empleo, la implementación de sistemas de riego a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, buscar mecanismo para dar valor agregado a los productos del campo y su descentralización.

Aclaró que uno de los planteamientos que se hicieron tenía que ver con la banca privada, que aunque no es competencia del Gobierno, podría llegar a un acuerdo en favor de los pequeños y medianos productores.

La propuesta en este caso, dijo, que es una reestructuración de las deudas, donde no exista interés sobre interés. Por esta inconformidad que existe en el movimiento indígena, Velasque informó que en la última reunión de la Conaie se estableció que se deben socializar los acuerdos de las mesas técnicas y posteriormente se tomarán las decisiones que vendrán. «Hay un sinsabor; hubo ofrecimientos del Gobierno, pero a la hora del té retroceden», puntualizó.

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