Para Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, este proyecto permitirá resarcir al Estado los bienes de procedencia dolosa involucrados en casos de corrupción, y constituye además la muestra de que la Asamblea fue prácticamente paralizada durante diez años.
Sin embargo para la penalista Beatriz Rodríguez, en Ecuador ya existe una normativa para la recuperación de capitales y bienes obtenidos de manera ilegal, por lo que este proyecto, a su juicio, no presenta novedad.
