En el análisis semanal de Más allá de los hechos, Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR); Fausto Cayambe, asambleísta por Alianza PAIS y miembro de la Comisión de Administración Legislativa (CAL) y Francisco Swett, exministro de Finanzas del Gobierno de León Febres Cordero y analista económico, se refirieron a las medidas económicas tras el terremoto.
Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), afirmó que el Gobierno venía advirtiendo que tomaría una decisión en torno al desbalance del sector externo, por la diferencia que hay en la balanza de pagos.
“La decisión de extender las salvaguardias sustituye al timbre cambiario. El hecho de que no se haya tomado el timbre cambiario es algo que hay que destacar, porque sus efectos hubiesen sido más grandes”, añadió.
La Federación Ecuatoriana de Exportadores ve con preocupación la medida de salvaguardias, pues considera que todo esto suma una carga impositiva que afectará el consumo de las familias. Informó que la caída del IVA también se da por la caída de importaciones afectadas por las salvaguardias. “El año anterior, la reducción de importaciones estuvo alrededor de 1300 millones de dólares”, precisó.
Indicó que el año 2015, se impulsó la devolución simplificada de impuestos, pero no se llegó a cumplir; además de los certificados de abono tributario, que a pesar de que funcionaron bien, solo fue un medida vigente el año pasado.
Legarda aclaró que la extensión de salvaguardias no debe afectar el proceso de ratificación del Acuerdo Comercial con Europa, lo que si hubiese ocurrido con el denominado timbre cambiario.
Por otro lado, Fausto Cayambe, asambleísta por Alianza PAIS y miembro de la Comisión de Administración Legislativa (CAL), dijo que se registraron varias modificaciones en el primer debate del proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad, porque hay que tomar en cuenta al sector pesquero, artesanal, los trabajadores del sector autónomo, la moratoria de los créditos del sector privado o público, entre otros.
Cayambe señaló que les preocupa que ha habido una reducción del 20% en la recaudación del IVA, según informó el SRI. Por lo que, si con la aplicación de esta Ley, baja más la recaudación en el primer trimestre habría que buscar otras alternativas, según dijo el legislador. Está previsto una cantidad de 1090 millones de dólares para reconstruir Manabí.
El asambleísta recalcó que no se puede crear fideicomisos para administrar impuestos y tributos. “Un fideicomiso significa que hay que pagarle a una tercera persona para que administre tributos. La Constitución establece que quien debe administrar tributos es el Estado Ecuatoriano”, precisó. Para Cayambe, algunos miembros de la oposición buscan pretextos para no votar por la Ley de Solidaridad.
Finalmente Francisco Swett, exministro de Finanzas del Gobierno de León Febres Cordero y analista económico, mencionó que el hablar de la situación de España, no tiene que ver con la situación de Ecuador. “No es verdad que España haya salido de la recesión, España tuvo que parar los gastos públicos”, dijo.
Para el analista económico, el quitar recursos vía impuestos merma los ingresos de los contribuyentes y el Gobierno los paga a los burócratas.
Respecto al fideicomiso, Swett aseveró que es una figura de sentido común, por eso “muchas veces escapa de la capacidad de razonamiento de ciertos actores políticos”. La razón de ser del fideicomiso, según comentó, es asegurar que los recursos sean de utilización específica y no vayan a alimentar la burocracia.
“El aporte de un día de trabajo no es un tributo es una confiscación”, criticó Swett, pues el quitarle un día a los trabajadores es una fórmula anti técnica.
“Lo que se está demostrando es que es un Gobierno que vive a espaldas de la realidad. Estamos siguiendo el ejemplo de Venezuela y no el de Argentina”, concluyó.