Más de 220 fallecidos se han registrado por los violentos amotinamientos que ocurren en las cárceles del Ecuador. El Gobierno Nacional trabaja en un plan de reestructuración que garantice la recuperación del sistema de rehabilitación social.

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Créditos: Twitter Bernarda Ordóñez

En NotiMundo a la Carta, Bernarda Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos y Presidenta del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, manifestó que la crisis penitenciaria en Ecuador es “el producto del olvido del ámbito institucional y social”.

Precisó que el Gabinete Presidencial prevé atender todos los principios que originan el problema y enlistó que el direccionamiento está enfocado en asumir la responsabilidad del Estado frente a las nuevas generaciones; además, de solucionar los enfrentamientos por la búsqueda de poder que se registran actualmente en los centros de privación de libertad.

Puntualizó que las mesas de trabajo del Ejecutivo buscan unificar criterios y generar que los jueces “tengan claro como operar” previo a emitir un dictamen; mencionó que, en la actualidad, varias personas privadas de la libertad no poseen una sentencia y esto es una causa del hacinamiento.

Indicó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador está a cargo de “reestablecer el control” tras los episodios violentos ocurridos desde septiembre pasado.

Remarcó, también, que la intención del Gobierno Nacional es crear un plan interinstitucional que permita acciones de prevención y educación para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y niños.

Rechazó que, al momento, no existan normativas que garanticen aquello y ejemplificó que en Ibarra y Guayaquil existen centros educativos que están ubicados “muro con muro” con cárceles.

Agregó que estas “son bombas de tiempo” porque se normaliza el concepto de la privación de libertad y agregó que el Ministerio de Educación trabaja en emitir lineamientos para generar los correctivos pertinentes.

Defendió que el Estado garantiza recursos a los municipios para que se diseñen proyectos de prevención y recreación, pero consideró que estos no han cumplido su propósito y exhortó a que estas campañas sean asumidas en beneficio del eje social y la erradicación de la violencia.

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