En Notimundo al Día, Leandro Briones, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, explicó que la burocracia que pretende extender el proceso de la obtención de créditos hipotecarios otorgados por el Biess, pone en riesgo a los miles de ecuatorianos que buscan hacerse de una casa propia, en el contexto de las ferias de la vivienda de Quito y Guayaquil.
Esto debido a que durante el fin de semana pasado, el Consejo de la Judicatura dispuso que las notarías apliquen nuevamente el sistema de sorteos para la protocolización de documentos, uno de los 21 necesarios para la obtención del crédito. Briones aseguró que se estaría haciendo caso omiso al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que señala que los sorteos no son necesarios.
Asimismo, explicó que lo que llevó al Biess a aplicar el concurso de las notarías es la existencia convenio de cooperación institucional y no porque se lo establezca en la Ley. Sin embargo, dicho convenio terminó en enero de 2021, año en que esa institución financiera colocó a nivel nacional USD 597 millones en créditos hipotecarios. La meta para 2022, dijo Briones, son USD 742 millones, recursos que se encuentran paralizados por el trámite burocrático en cuestión, «lo que nos lleva a suponer que hubo algún tipo de acuerdo para favorecer a un número determinado de notarías», agregó.
@leandrojosue: «La meta para créditos hipotecarios del Biess en 2022 son USD 742 millones, recursos que están detenidos, porque el @CJudicaturaEc dispone a los notarios no hacer ningún trámite sin el acta de sorteo»
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— NotiMundo (@notimundoec) April 6, 2022
Una de las razones para su aseveración, es que de acuerdo al convenio interinstitucional se establecía que los sorteos debían ser dentro de la jurisdicción donde se solicitaba el crédito. «Ha habido casos que los clientes deben solucionar los temas notariales en Quito, Guayaquil o Cuenca», expresó. En este sentido, recordó que el pronunciamiento de la Procuraduría establecía que el Biess no realizan este tipo acciones, al igual que instituciones como el Isspol, Issfa o la CFN.
El rechazo a la medida se debe al incumplimiento de la Ley, explicó Briones, y resaltó que la solicitud de un crédito hipotecario en la banca privada se entrega en 20 días, mientras que en la pública, «si todo funciona y tiene suerte», se entrega en 50 días. No obstante, hay casos en que se han entregado hasta en 120 días, debido a las demoras administrativas. “Esto es un tema de defensa del usuario y de que las instituciones públicas tienen que ser eficientes”, apuntó.
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