La Cámara de Comercio de Guayaquil y el Colegio de Abogados de Pichincha no descartan plantear una demanda de inconstitucionalidad al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que crea un Servicio de Protección Público compuesto por civiles que podrán portar armas, aprobado el este miércoles por el Legislativo.
Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que esta normativa perjudicaría a la actividad comercial, ya que necesita un ambiente de paz.
Por su parte, Ramiro García, presidente del gremio de abogados, aseguró que lo más grave sería que el grupo de protección también custodiaría bienes públicos.
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