«El Ecuador no concede legitimidad a los informes, sobre diversos temas, que de manera periódica publica el Gobierno de Estados Unidos, pues no tiene atribuciones para emitir críticas, observaciones, recomendaciones o listas. Esta práctica, que tiene una clara intencionalidad política, violenta los principios de igualdad jurídica de los Estados y de no intervención en los asuntos internos de países soberanos».
A pesar de que dicho informe estadounidense reconoce los logros que el Ecuador ha alcanzado en materia de lucha contra el narcotráfico y lavado de activos financieros, la Cancillería responde que el mismo adolece de un análisis contextualizado y sustentado.
En el informe el Gobierno de Ecuador conmina al de Estados Unidos a colaborar con la lucha que ha emprendido el país en contra del lavado de activos y devuelva a los prófugos protegidos en territorio norteamericano, en lo que constituye una clara obstrucción a la justicia ecuatoriana y un fomento inadmisible de la corrupción e impunidad.
