El abogado de los Alcaldes y Juntas Parroquiales de la provincia del Guayas, Clemente Pérez, manifestó que el pedido de remoción del prefecto Carlos Luis Morales es un tema administrativo y explicó que el despilfarro de los fondos públicos es la causal constitucional estipulada en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Anunció que el proceso tiene que cumplir con los términos legales y especificó que eso implica que el prefecto Morales sea notificado y cumpla con su derecho a la defensa. Aseguró que “robar en una pandemia debería ser un delito de lesa humanidad” y que “el hecho que haya sido electo por votación popular no le da permiso para robar”.

Créditos: Redes Sociales

En NotiMundo Estelar, Clemente Pérez, abogado de los Alcaldes y Juntas Parroquiales de la provincia del Guayas, informó que este viernes, 19 de junio de 2020, se llevó a cabo la primera comisión de mesa para nombrar al presidente sustito de la Comisión que analizará el pedido de remoción del prefecto Carlos Luis Morales. En ese contexto, explicó que regularmente debería ser Morales quien presida la mesa y aclaró que en este caso no aplica debido a que la denuncia es en su contra. A su vez, notificó que la viceprefecta, Susana González, y tres alcaldes de la provincia conformarán la comisión que revisará la demanda. Pérez también dijo que, a su consideración, la causa tardará un tiempo estimado de treinta días y expuso que tiene muchas etapas que se tienen que cumplir con los términos legales. Asimismo, rechazó los presuntos actos de corrupción en los que estaría vinculado Morales.

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