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Ramiro Narváez, asambleísta por la Izquierda Democrática, indicó que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral prevé estructurar el Proyecto del Código Orgánico de Seguridad del Estado en un tiempo aproximado de ocho meses y resaltó que a Ecuador le urge tener esta normativa porque existen varios delitos, internos y externos, que están amenazando a la ciudadanía y a la soberanía estatal.

Con 105 votos, el Pleno del Legislativo aprobó, este martes, la ratificación en el texto del artículo 1 que reforma el artículo 96 de la Ley de Seguridad Social; que tiene relación con las prestaciones adicionales. En NotiMundo, Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, indicó que esto es “absolutamente positivo” para los trabajadores porque el valor se deduce de su remuneración y dijo que es “ilógico” impedirle hacer uso de esos beneficios por retrasos del empleador.

Luis Reina, Concejal de Quito por Fuerza Compromiso Social, indicó que desde la bancada correísta se respetará el proceso electoral y puntualizó que, si Jorge Yunda es removido, respaldarán la gestión de su sucesor con la intención de garantizar el beneficio de la ciudad. Sin embargo, aseguró que “el relevo es una pugna entre grupos y fracciones del capital inmobiliario que busca con qué alcalde de Quito estar” y mencionó a Geinco y a Uribe Schwarzkopf.

Fausto Salinas, director de Seguridad y Orden Público de la Policía Nacional, informó que cinco personas fallecieron y seis resultaron heridas a causa de dos enfrentamientos de fuego ocurridos en el Comercial Nazareno, en Quevedo – provincia de Los Ríos, la noche de este lunes, 05 de julio. La hipótesis de las autoridades gira en torno a que el incidente sucedió después de que un grupo de personas se acercó al sitio para exigir el reembolso de dinero entregado a través de un mecanismo de captación ilegal.

David Rosero, vicepresidente del CPCCS, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que se trabaje en la construcción de una Ley Interpretativa a la Ley de la Contraloría que garantice la institucionalización en el país y al Gobierno a que se asignen recursos que permitan llevar adelante el concurso de méritos y oposición para la designación de un nuevo Contralor General del Estado.

El asambleísta por UNES, Juan Lloret, indicó que su impulso para iniciar un juicio político en contra del contralor detenido, Pablo Celi, responde a una intención de aclarar lo ocurrido con el desvanecimiento de varias glosas, por actos de corrupción, en la Contraloría General del Estado. Aseguró que la bancada correista ha intentado iniciar este proceso en tres ocasiones, pero dijo que no se concretó porque Celi fue “protegido del Gobierno de Lenín Moreno”.

Ramiro García, abogado penalista, indicó que el Estado no tiene ninguna obligación de reembolsar el dinero perdido por la ciudadanía en el sistema de operación denominado ‘Big Money’. Un caso que está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado debido a que Miguel Ángel Nazareno, cabeza de la red de supuestas inversiones, habría manejado capitales monetarios de hasta USD 10 millones de dólares.

La asambleísta por el Movimiento CREO, Ana Belén Cordero, indicó que la destitución del Contralor Subrogante, Pablo Celi, le corresponde al Legislativo y dijo que si el nombramiento del Contralor Subrogante del Subrogante, Carlos Riofrío, no “es legítimo y legal” el Pleno deberá presentar una solución para cumplir la normativa.

El Concejal de Quito, Marco Collaguazo, dijo que mientras no esté ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral el alcalde de Quito es Jorge Yunda Machado y aseguró que el proceso de remoción está suspendido mientras no se emita un pronunciamiento por parte de la Corte Provincial.

El abogado constitucionalista, Rafael Oyarte, manifestó que, pese a que Jorge Yunda presente un pedido de aclaración y rectificación a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, la resolución sobre su remoción está en firme porque la decisión de dicha acción corresponde al Concejo de Quito y no al organismo electoral.