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El Ejecutivo envió, el 16 de febrero del 2018 por la tarde, a la Asamblea Nacional los dos proyectos de ley que se deberán aprobar tras la ­consulta popular y referendo del 4 de febrero.

El Telégrafo

El primero permitirá la derogatoria de la Ley de Plusvalía, tal como se dispuso en la pregunta 6. El presidente Lenín Moreno también envió el marco normativo para la selección de los comisionados que se elegirán por votación popular para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En la Secretaría de Gestión de la Política se informó que en el proyecto de ley se incluyó como requisito una evaluación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este organismo será el primer filtro para quienes intenten ser comi­sionados del Cpccs.

Los 28 mejores puntuados en el concurso de méritos y oposición irán a las urnas. Los siete más votados serán los consejeros titulares y los siguientes serán los alternos. En el proyecto de la normativa se establece que la elección de los consejeros deberá ser a la par de las elecciones seccionales previstas para el 2019.

Sin embargo, mientras ese proceso se realice operará un consejo transitorio. El Ejecutivo tiene previsto enviar el 19 de febrero del 2018 las ternas para que la Asamblea elija los nombres, en un plazo de 30 días. Los cambios que pretende hacer el Ejecutivo en las dos leyes pasarán por una comisión especial que se creó en la Asamblea para el efecto.

Comisiones ocasionales

Cinco comisiones especiales han sido creadas desde mayo del 2017, cuando se instaló la actual Asamblea. Las comisiones son: la de Aampetra, la de personas desaparecidas, la de tratamiento de la Ley contra la violencia de género, la de ley de transporte y la de la consulta popular, que es la más reciente.

Y en lo que resta del período legislativo podrían sumarse más, según el presidente del Legislativo, José Serrano.

Sobre todo, para desbloquear las mesas que son claves para el trámite de normativas consideradas prioritarias y que están en manos del grupo Revolución Ciudadana.

En la de Educación, por ejemplo, está pendiente el procesamiento de la Ley de Educación Superior. El presidente de la comisión y exministro de Educación del Gobierno anterior, Augusto Espinosa, no cuenta con el respaldo de la mayoría de comisionados. No ha podido lograr el quórum en las últimas convocatorias.

Algo similar ocurre en la mesa de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, presidida por Doris Soliz, también de Revolución Ciudadana. Las sesiones a las que ha convocado no se han podido instalar por inasistencias.

Fuente: El Comercio