En Notimundo Estelar, Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, señaló que es responsabilidad del Gobierno central revertir la crítica situación de inseguridad por la que atraviesa la ‘provincia verde’, con el imparable avance de la delincuencia y la violencia desatada en las calles.
Enfatizó en que, a través del Ministerio del Interior, se deben establecer estrategias que puedan reducir los índices de criminalidad, pues anteriormente ya se han decretado estados de excepción y otras medidas que no han presentado los resultados esperados. Recordó que el manejo de la Policía y las Fuerzas Armadas son competencia del Ejecutivo, por lo que no hay mayor acción que pueda realizar el Gobierno local para garantizar la seguridad a la población.
Pero el problema va más allá, explicó Sosa, pues los miembros de las fuerzas del orden en la ciudad no cuentan ni con gasolina para los patrulleros, pese a que es de conocimiento del Presidente de la República. «¿Por qué no nos dotan de camionetas, como a Guayaquil? ¿Por qué no se preocupan por Esmeraldas?», cuestionó.
Lamentó que en medio de la necesaria reactivación económica luego de dos años de pandemia, que golpearon precisamente al sector turístico, se tenga que lidiar con una nuevo fenómeno como es el crimen organizado y los extorsionadores que mantienen atemorizada a la ciudadanía y los negocios, que deben cerrar sus puertas antes de que caiga el sol por miedo a sufrir ataques por parte de los antisociales.
Por ello, informó que durante la asamblea ciudadana desarrollada este 20 de octubre, se conformó un ‘comité de paz’, conformado por universidades, líderes barriales y otros actores sociales, para promover acciones urgentes que cambien esta situación. Una de ellas será destinar el contingente disponible para brindar seguridad en las unidades educativas de la ciudad, que también son víctimas de los criminales.
«Yo veo que no hay interés (del Gobierno); parece que no les importa la suerte de los esmeraldeños», criticó la Alcaldesa, asegurando que, además, se ha propuesto al Ejecutivo llevar adelante un plan de inversión social para cubrir las otras aristas del problema, pero nuevamente solo existen «oídos sordos».
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